domingo, 23 de mayo de 2010

Sobre la Reforma del Estado - tomado de El País

[EDITORIAL]
La hora de los hechos

El Presidente de la República salió a marcarles la cancha nuevamente a los funcionarios públicos. Tras el célebre discurso de Ancap donde precisó con claridad que "esta empresa no es propiedad de ustedes, es del pueblo uruguayo: nunca pierdan esa perspectiva", y el "todos ustedes son suplantables", el viernes volvió a la carga en su audición radial. Consideró que la carrera administrativa "ni es carrera ni es nada frecuentemente", donde "el mérito casi ni siquiera se mide y demasiado frecuentemente pasan de largo los que tienen no mérito, sino habilidad para trepar".

En esta reiteración de afirmaciones concretas Mujica ha trasmitido su rotunda convicción de que la reforma del Estado, la madre de todas las reformas, se hace necesaria e imprescindible. Compartimos la posición del Presidente: mientras la burocracia en este país asuma cada vez mayores trazos de feroz corporativismo, es muy difícil que se pueda salir adelante. No hay iniciativa que el gobierno de turno -no importa el altísimo nivel de apoyo popular o parlamentario que tenga- pueda manejar con cierta comodidad para abrir las puertas de la economía, porque rápidamente aparecerán trabas, dificultades y barreras de aquellos sectores que apuestan sólo a mantener sus privilegios. Actúan como si esos lugares no fueran propiedad de todos los uruguayos, sino un patrimonio propio que manejan a su antojo y exclusiva conveniencia.

Los gremios se han transformado en grupos de poder y al amparo de una mal entendida solidaridad y de las debilidades coyunturales del sistema político -o de su complicidad, muchas veces- buscan sacar ventajas y mantener privilegios. Es correcto y todo el mundo tiene derecho y hasta la obligación de defender sus intereses, pero el límite está en no perjudicar al país. Que las prebendas de unos pocos no signifiquen un retaceo a las sagradas expectativas de los muchos.

Lógicamente, las palabras del Presidente recibieron la réplica de los dirigentes sindicales de los funcionarios públicos. Las últimas hasta en un tono de velada (¿o directa?) amenaza. Joselo López, secretario general de COFE apuntó a que "nosotros vemos que hay una obsesión" de Mujica con los trabajadores del Estado. "Todos los días habla, pega, pega y cada vez pega más duro". Pero López y también Carlos Márquez el presidente del sector banco pública de AEBU, no se limitaron a responder a Mujica, sino que contragolpearon, al reclamar la instalación de los ámbitos de diálogo para discutir la reforma del Estado.

Un argumento efectista, aunque también verdadero: en ese marco lo que se pueda lograr como auténtica reforma del Estado, será mínimo. Pero sí estamos de acuerdo en que se terminó la hora de las palabras. Basta de hablar (basta de poesía podríamos agregar) y vayamos directamente a lo que importa: una propuesta concreta para reformar el Estado. La mera enunciación del título no alcanza; es necesario conocer su contenido. Todos queremos saber cuál será el alcance de esa reforma: ¿vamos a ir en profundidad o nos quedaremos en la superficie? ¿Se buscarán cambios en serio o sólo unos retoques en algunas dependencias?

Si el gobierno opta por la segunda alternativa -la de reformitas- no va a tener problemas con los corporativismos. Pero si pretende ir a fondo, van a haber choques y enfrentamientos duros. El Presidente ha dicho que "estamos en las puertas para acceder a ser un país del primer mundo, pero nadie nos va a regalar eso. Hemos perdido demasiado tiempo (…) No podemos seguir con un Estado paquidérmico, sin compromiso". Traducido sería: "vamos a hacer todas las cosas que sean necesarias y hacerlas bien". Si de eso se trata, deberá buscar el más amplio consenso político porque la batalla será tremenda (la madre de todas las batallas) y definirá si el Uruguay continuará siendo manejado por las corporaciones o los resultados de las urnas serán, como deben ser, los únicos que legitimen a las personas para trazar y llevar adelante las políticas para las cuales fueron elegidos. Los políticos -a diferencia de los funcionarios públicos- tienen un crédito por cinco años, al cabo de los cuales se les renueva o se los echa.

Que los triunfadores se transformen en gobernantes y los gobernantes, gobiernen.

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