Uruguay ante la Corte Interamericana por el caso Gelman
Buenos Aires y Montevideo, 25 de enero 2010
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a las víctimas su decisión de enviar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso abierto contra Uruguay por la desaparición forzada de Maria Claudia Garcia Iruretagoyena de Gelman.
Luego de mas de un año de plazo concedido al Estado para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana en su Informe y ante el incumplimiento estatal, el caso fue enviado a la Corte, que decidirá finalmente sobre las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en las que hubiera incurrido Uruguay en el caso.
María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman fueron secuestrados por hombres armados el 24 de agosto de 1976 en su casa en Buenos Aires, Argentina. Ella, con 19 años de edad y siete meses de embarazo, fue llevada por militares uruguayos a Montevideo, donde dio a luz a una niña el 1º de noviembre. La madre permaneció con la bebé hasta diciembre y desde entonces se desconoce su destino. La niña apareció dentro de una cesta en la puerta de la casa de un policía uruguayo, el 7 de enero de 1977, y fue bautizada María Macarena. Marcelo Gelman sufrió torturas en un centro clandestino de detención en Buenos Aires, donde permaneció hasta octubre de 1976. Su cadáver apareció en 1989 sepultado en una tumba sin nombre en un cementerio de Buenos Aires, junto a otros siete cadáveres.
El padre de Marcelo, el escritor argentino Juan Gelman, nunca dejó de buscar a su nieta y la encontró 23 años después, luego de incansables gestiones en Uruguay y el mundo.
La vigencia de la denominada Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que inconstitucionalmente confiere competencia al Poder Ejecutivo para decidir qué casos están amparados por la ley y por tanto limita la apertura e investigación de causas que tengan como objetivo investigar hechos y sancionar a los responsables de haber participado en operaciones represivas e ilegales bajo la última dictadura, constituye un obstáculo que afecta el logro de la justicia y la superación de la impunidad.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la víctima, confía en que el litigio de este caso deje sin efecto la ley de caducidad en concordancia con la jurisprudencia constante de la Corte, que ha establecido que los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para eximirse de la obligación de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y ordene al Estado la adopción de medidas para la plena reparación de las victimas y la protección del derecho a la verdad de toda la sociedad.
Este es el primer caso contra Uruguay que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Buenos Aires y Montevideo, 25 de enero 2010
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a las víctimas su decisión de enviar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso abierto contra Uruguay por la desaparición forzada de Maria Claudia Garcia Iruretagoyena de Gelman.
Luego de mas de un año de plazo concedido al Estado para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana en su Informe y ante el incumplimiento estatal, el caso fue enviado a la Corte, que decidirá finalmente sobre las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en las que hubiera incurrido Uruguay en el caso.
María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman fueron secuestrados por hombres armados el 24 de agosto de 1976 en su casa en Buenos Aires, Argentina. Ella, con 19 años de edad y siete meses de embarazo, fue llevada por militares uruguayos a Montevideo, donde dio a luz a una niña el 1º de noviembre. La madre permaneció con la bebé hasta diciembre y desde entonces se desconoce su destino. La niña apareció dentro de una cesta en la puerta de la casa de un policía uruguayo, el 7 de enero de 1977, y fue bautizada María Macarena. Marcelo Gelman sufrió torturas en un centro clandestino de detención en Buenos Aires, donde permaneció hasta octubre de 1976. Su cadáver apareció en 1989 sepultado en una tumba sin nombre en un cementerio de Buenos Aires, junto a otros siete cadáveres.
El padre de Marcelo, el escritor argentino Juan Gelman, nunca dejó de buscar a su nieta y la encontró 23 años después, luego de incansables gestiones en Uruguay y el mundo.
La vigencia de la denominada Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que inconstitucionalmente confiere competencia al Poder Ejecutivo para decidir qué casos están amparados por la ley y por tanto limita la apertura e investigación de causas que tengan como objetivo investigar hechos y sancionar a los responsables de haber participado en operaciones represivas e ilegales bajo la última dictadura, constituye un obstáculo que afecta el logro de la justicia y la superación de la impunidad.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la víctima, confía en que el litigio de este caso deje sin efecto la ley de caducidad en concordancia con la jurisprudencia constante de la Corte, que ha establecido que los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para eximirse de la obligación de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y ordene al Estado la adopción de medidas para la plena reparación de las victimas y la protección del derecho a la verdad de toda la sociedad.
Este es el primer caso contra Uruguay que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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