El Gobierno de nuestro país ya se ha pronunciado. No obstate esta declaración del CEFIR que fuera emitida con la debida prontitud, expresa con total claridad una posición que es totalmente compartible y suscribible.
Por lo que adhiero a los términos, incluyendo la misma en este blog.
Fernando Schreiber
DECLARACIÓN
Montevideo, 30 de setiembre de 2010
Ante los graves incidentes de público conocimiento suscitados en la hermana República del Ecuador, el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR) expresa su más enérgica condena a cualquier intento de golpe de Estado en ese país, así como su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa.
El CEFIR condena este ataque al Estado de Derecho por parte de grupos que buscan la
desestabilización, repudia todas las expresiones golpistas contrarias a la legalidad
constitucional y reafirma su compromiso inclaudicable con la democracia como único sistema para resolver los desafíos y brindar mayores esperanzas y oportunidades a nuestros pueblos, desde el pleno respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales.
En este sentido, el CEFIR entiende que solamente en el marco de la institucionalidad
democrática, en la vía del diálogo y la negociación, es que se puede encontrar caminos legítimos para resolver las diferencias, construir la paz y la convivencia duradera. No existe discrepancia alguna, por profunda que pueda ser, que autorice a comprometer el destino libre y democrático de nuestra América Latina. El compromiso con la integración de nuestros pueblos se proyecta necesariamente en la onsolidación y profundización de nuestras democracias, como sustento ineludible del desarrollo regional.
Federico Gomensoro
SECRETARIO EJECUTIVO
Gerardo Caetano
DIRECTOR ACADÉMICO
jueves, 30 de septiembre de 2010
miércoles, 29 de septiembre de 2010
No hemos aprendido mucho, seguimos el marketing inculcado en la decada pasada
Uruguay obtuvo un muy buen resultado durante el último mundial de futbol.
Quizás sorprendió a la inmensa mayoría de los compatriotas, aunque seguramente hoy habrá muchos que argumentan que lo habian vaticinado o explicitado previamente.
Es cierto que ese resultado favorable logró varios impactos destacables. A través de la imágen millones de personas en el mundo conocieron a una selección, a sus jugadores y a una referencia de país que seguramente no conocían. A través de su juego y los resultados obtenidos la cotización de los jugadores, del técnico y de los clubes para los que aquellos juegan, se vio acrecentada sensiblemente. Tuvo un resultado de motivación a la interna del país, luego de muchisimos años de descreimiento y angustia. Se logró mostrar, lo que ya se habia aplicado hacia otras actividades de la vida pública en el país, el "Sí es posible, sí se puede".
Todo este episodio positivo en lo expresado, tiene otro lado que en lo personal me lleva a reflexionar que no hemos aprendido mucho. El mercado y sus condiciones va logrando desgastar lo que se habia erigido como una gran enseñanza, una buena demostración de trabajo, humildad, esfuerzo sistemático, etc.
Ni bien empezaban a apagarse las luces del estadio en Sud Africa, empezaron las señales mercantiles referidas a la dirección de la selección. Y alli se involucró al Estado para poder pagar la de un equipo técnico deportivo, con valores que están lejos de la diaria realidad.
Luego se aplicó la imagen de la celeste hasta el agotamiento en todo tipo de publicidad. Y ahora el Ministerio de Turismo cierra un contrato por un año con Pablo Forlan, a valores que no se entienden, para que promocione el turismo del País.
Se va a argumentar que el costo es ínfimo para la repercusión que se tendrá en impacto sobre el público objetivo. Quizás sea así, pero no deja de ser para muchos no entendible. Alguien que vio favorecido su patrimonio deportivo y económico, por haber participado en la selección de su país, que cobró por dicha participación y que obtuvo su cuota parte sobre las utilidades obtenidas por el resultado alcanzado, así como el reconocimiento internacional y personal que le ha abierto innumerables ámbitos. Se siente orgulloso de poder realizar algo por su país, pero el Estado a través del MINTUR, le aporta una cifra inalcanzable para muchos. Marketing, Marketing Internacional, pero a costa de valores y de enterrar una posibilidad de modificar mensajes que durante los últimos 15 años se fueron inponiendo en nuestra sociedad.
Seguramente esta visión es sumamente polémica, pero es una posición, compartida por otras personas que se expresan en el mismo sentido, y como tal válida para un intercambio fundamentado que permita abordar los diferentes aspectos sobre este tema.
Fernando Schreiber
Quizás sorprendió a la inmensa mayoría de los compatriotas, aunque seguramente hoy habrá muchos que argumentan que lo habian vaticinado o explicitado previamente.
Es cierto que ese resultado favorable logró varios impactos destacables. A través de la imágen millones de personas en el mundo conocieron a una selección, a sus jugadores y a una referencia de país que seguramente no conocían. A través de su juego y los resultados obtenidos la cotización de los jugadores, del técnico y de los clubes para los que aquellos juegan, se vio acrecentada sensiblemente. Tuvo un resultado de motivación a la interna del país, luego de muchisimos años de descreimiento y angustia. Se logró mostrar, lo que ya se habia aplicado hacia otras actividades de la vida pública en el país, el "Sí es posible, sí se puede".
Todo este episodio positivo en lo expresado, tiene otro lado que en lo personal me lleva a reflexionar que no hemos aprendido mucho. El mercado y sus condiciones va logrando desgastar lo que se habia erigido como una gran enseñanza, una buena demostración de trabajo, humildad, esfuerzo sistemático, etc.
Ni bien empezaban a apagarse las luces del estadio en Sud Africa, empezaron las señales mercantiles referidas a la dirección de la selección. Y alli se involucró al Estado para poder pagar la de un equipo técnico deportivo, con valores que están lejos de la diaria realidad.
Luego se aplicó la imagen de la celeste hasta el agotamiento en todo tipo de publicidad. Y ahora el Ministerio de Turismo cierra un contrato por un año con Pablo Forlan, a valores que no se entienden, para que promocione el turismo del País.
Se va a argumentar que el costo es ínfimo para la repercusión que se tendrá en impacto sobre el público objetivo. Quizás sea así, pero no deja de ser para muchos no entendible. Alguien que vio favorecido su patrimonio deportivo y económico, por haber participado en la selección de su país, que cobró por dicha participación y que obtuvo su cuota parte sobre las utilidades obtenidas por el resultado alcanzado, así como el reconocimiento internacional y personal que le ha abierto innumerables ámbitos. Se siente orgulloso de poder realizar algo por su país, pero el Estado a través del MINTUR, le aporta una cifra inalcanzable para muchos. Marketing, Marketing Internacional, pero a costa de valores y de enterrar una posibilidad de modificar mensajes que durante los últimos 15 años se fueron inponiendo en nuestra sociedad.
Seguramente esta visión es sumamente polémica, pero es una posición, compartida por otras personas que se expresan en el mismo sentido, y como tal válida para un intercambio fundamentado que permita abordar los diferentes aspectos sobre este tema.
Fernando Schreiber
martes, 28 de septiembre de 2010
Aporte para una discusión - por Fernando Moyano
Uruguay: POSIBLE MUERTE INMINENTE DE LA LEY DE IMPUNIDAD
FERNANDO MOYANO
"Cuando ya es tarde, suelen descubrir siempre los emperadores y los reyes que late en sus pechos un corazón democrático". Stefan Sweig, Fouché
1. Los ecos del 25 de octubre
En estos días ha ingresado al parlamento un proyecto de ley para eliminar la ley de impunidad, respaldado por una decisión de la Mesa Política del Frente Amplio. La información de la prensa indica que el presidente de la República "dejaría hacer" al parlamento (no enviará un proyecto propio ni vetará lo que salga). Si se quiere evitar una segura sanción a Uruguay en la Corte Interamericana de DDHH a raíz del caso Gelman, habría que hacer algo antes del 4 de octubre.
Es necesario un BALANCE de todo este ciclo, en particular la enorme experiencia del intento de anulación por vía plebiscitaria que obtuvo el pasado 25 de octubre una votación insuficiente. Podría ocurrir que la ley de impunidad no sobreviva más de un año a nuestra "derrota". ¿Qué pasó, por qué pasó, qué significado tienen estos hechos, qué hicimos, qué podíamos haber hecho y POR QUÉ no lo hicimos?
Este es el texto del proyecto de ley.
2. Proyecto interpretativo
"Art. 1.- Declárase como interpretación auténtica de la Constitución de la República (artículo 85 numeral 20) que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a la Constitución de la República por la vía del art. 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
"Artículo 2. Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, art. 12) que los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 15.848 violan los arts. 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República siendo en consecuencia inaplicables.
"Artículo 3. En virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente ley:
a) toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley 15.848, continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales.
b) sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, hayan o no sido incluidos en la caducidad establecida en el art. 1 de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de la presente ley".
3. Para empezar la discusión
Vemos que NO es una ANULACIÓN EXPLÍCITA. Se convierte la ley de impunidad en inaplicable, LETRA MUERTA por la vía de imponer una interpretación de la Constitución pero no se la suprime del sistema legal. Esto es el resultado del tira y afloje entre los distintos sectores del Frente Amplio, donde hay quienes quieren "salir con honor" del atolladero, entendiendo por honor precisamente lo contario a lo que eso significa. Una artimaña para que no sea tan evidente su forzado cambio de postura. Ya tenemos un antecedente de este tipo en la propia ley de la "caducidad de la pretensión punitiva del estado" que era una forma retorcida de dictar una amnistía sin decirlo. Ahora, el gobierno del FA hace algo parecido al anularla sin decir que la anula. Precisamente, el art. 2 de este proyecto dice que la ley de impunidad fue una amnist&iac! ute;a irregular e inconstitucional.
Pero en la realidad, más allá de su forma, ES una anulación de hecho. Pese a todo el embrollo salta a la vista que este proyecto está directamente apoyado en el recurso de reforma constitucional que se votó en octubre, tanto en su aspecto conceptual como en la cita textual de algunas partes. Y en aquello en que agrega algo diferente, está directamente inspirado en la parte del proyecto original que no integró el texto definitivo, la incorporación al art. 72 de la Constitución de una declaración expresa que obliga a la persecución de los delitos de lesa humanidad.
El proyecto presentado ES una anulación y no una derogación ya que revierte decisiones administrativas y judiciales pasadas, y contiene disposiciones para cerrar la red y constreñir a los jueces evitando posibles interpretaciones de que los delitos prescribieron, o de ley más benigna, o de cosa juzgada. Sin embargo abre otros flancos, ya que seguramente habrá quienes intenten decir que ESTA ley es inconstitucional, apoyándose en ese galimatías con que se esquiva la anulación llana, deja la ley pero prohíbe que los jueces la apliquen.
El hecho de que la votación de octubre no alcanzase para activar la reforma constitucional y anular así la ley no significó una derrota de la lucha política contra la impunidad porque hubo 1:200 mil votos por la anulación y ni un solo voto por el mantenimiento. La trampa de no poner papeleta por el NO, una avivada de la Corte Electoral reaccionaria para obstaculizar nuestra lucha, fue un arma de dos filos y mentira de patas cortas. Tuvo éxito en impedir la anulación inmediata pero no pudo evitar que quedase en evidencia el rechazo mayoritario a la ley. Por eso, más que la presión internacional opera la presión de NUESTRA opinión popular. Más aún cuando el 90% de los votantes por SÍ son a su vez el 90% de los que le dieron al gobierno la mayoría parlamentaria.
Se dice que "los tres poderes" se han pronunciado contra al ley de impunidad y se dice media verdad, porque se omite el "poder cero", básico, oscuro, maniatado, traicionado y burlado pero que sigue en su presión sorda, la voluntad popular.
Veamos por ejemplo el Poder Ejecutivo. Durante la presidencia de Tabaré Vázquez la fiscalía de Corte se pronunció por la inconstitucionalidad de esa ley. Pero ¿quién puede ignorar que Tabaré Vázquez dijo estar de acuerdo con el recurso para anularla (desdiciéndose así de lo que había dicho hasta entonces) EL DÍA ANTES de la presentación de las firmas, cuando ya se habían manifestado 340 mil voluntades? Lo mismo puede decirse de los otros dos "poderes" que se acordaron de pronunciarse sobre el tema unos pocos días antes de la votación del recurso en las urnas. Gobiernan a espaldas de la voluntad popular, pero hay momentos en que la presión social los acorrala. No fueron esos "tres poderes" sino el "poder cero" el que socavó la ley hasta hacer inevitable su caída.
Lo mismo el actual presidente y el vice que la MISMA NOCHE del 25 de octubre salieron de apuro a decir que "el soberano" había decidido mantener la ley. Ahora, uno de ellos dice "hagan Uds. no más", y el otro que el proyecto presentado "es un punto de partida" para discutir la eliminación de la ley. ¡Soberanos oportunistas son estos, dispuestos a subirse al carro cuando no haya más remedio! Dice Astori que "le pesan" los resultados de los plebiscitos de 89 y 2009, los cuales lee a contrapelo de lo que el propio Frente Amplio dijo siempre. Lo que quiere decir es que le pesa tener ahora que tragarse el sapo de votar la anulación después de tanta gárgara que hizo cuando creyó que el resultado de octubre había enterrado el tema. Razón de más para poner todo el empeño en que se lo trague.
Por otra parte, ¿qué es en última instancia la presión internacional que se manifiesta en instituciones como la CIDH? Es el reflejo de LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO incluido el nuestro, durante décadas, por juicio y castigo a los delitos de lesa humanidad. Pero no pidamos a estos políticos y politólogos que no ven más allá de los pasillos de las sedes de los organismos que piensen como si fuesen Rosa Luxemburgo y rompan su FETICHISMO INSTITUCIONAL.
Lo mismo puede decirse hoy de los propios parlamentarios que ahora parecen dispuestos a considerar la eliminación de la ley, cuando hace apenas seis meses eran "soldados tranquilos" de la decisión de las cúpulas de mantener la impunidad. Si es válido anular la ley ¿por qué no lo hicieron hace seis meses? Y si pensaban que pueden tolerar la supervivencia de esa ley en nuestro sistema sin que se les caiga la cara de vergüenza ¿por qué no van hoy a decirlo con esa misma cara en la CIDH?
Todos tenemos derecho a opinar, pero todos tenemos también el deber de hacernos responsables de las opiniones vertidas, de cara a lo que ocurre. Ese es un deber con el que rara vez se cumple, pero el incumplimiento recibe también su sanción: esas opiniones pasan a ser irrelevantes. Porque ¿podemos acaso respetar la opinión que tenga hoy ese que se olvida alegremente de lo que opinó ayer?
4. Primero, bajar la pelota al piso
Siempre estuvo claro que el fin de la ley de impunidad no será el fin de la impunidad misma; subsistirán los pactos y complicidades y los mecanismos que la sostienen en los hechos. También sabemos que la anulación parlamentaria dejará fisuras jurídicas sobre las que los implicados en estos delitos intentarán trabajar.
Pero todo esto es secundario frente al hecho fundamental.
La caída de la ley de impunidad será un enorme paso adelante en la lucha por la justicia, por el castigo a los delitos de lesa humanidad, y por la reivindicación de la voluntad popular.
Porque este paso se da A PESAR de todos los pactos y complicidades, y de la falta de voluntad de los "tres poderes" en cumplir con ese deber elemental de verdad y justicia.
En el período pasado nos sumamos al movimiento por la anulación por vía plebiscitaria porque partimos de que quedarnos en el reclamo a que lo haga parlamento, que no lo iba a hacer, sería conformarse con una pobre denuncia de ese cretinismo parlamentario cuando estaba abierta la posibilidad de recurrir a un instrumento de lucha abierta, de masas y no de cúpulas, pese a los riesgos y lo incierto de los resultados.
Porque en política no se trata de elegir entre caminos con riesgos y caminos sin riesgos, que nunca existen. Se trata de elegir entre la lucha real con todas sus dificultades, y la reivindicación solamente testimonial o ideológica que solo sirve para satisfacción propia. Se trataba aquí de un instrumento real y válido para la lucha política y de ideas, para formar opinión y conciencia, para llegar a todos y hacer que todos participasen en esta decisión.
Hoy las condiciones han cambiado, y tenemos por delante una única posibilidad inmediata: la eliminación por vía parlamentaria. Este camino conlleva problemas importantes. La denuncia del oportunismo frenteamplista sigue siendo necesaria. Pero son temas secundarios frente a lo principal: reforzar el golpe que se le va a dar a la impunidad.
Por los objetivos secundarios se debe trabajar ACOMPAÑANDO la dirección del golpe principal, y no desviándolo.
5. Y por casa como andamos
La lucha contra la ley de impunidad ha sido una rica experiencia, una verdadera escuela política. La lectura de esta experiencia es polémica.
Cuando se planteó la opción de la vía plebiscitaria hubo militantes honestos que objetaron el riesgo a que el plebiscito se perdiese otra vez, y eso tornase inamovible la impunidad. En función de ese cálculo, la iniciativa encontró grandes reticencias.
Los hechos desmintieron claramente ese MIEDO PUSILÁNIME.
Porque aún perdiendo el plebiscito, aún dándose en los hechos la peor de las hipótesis, los resultados políticos reales -más allá de los formales- dieron un golpe definitivo a la impunidad.
Hay otra enseñanza importante. Nosotros, si pretendemos ser revolucionarios, tenemos que librar una lucha profunda contra todas las corrientes oportunistas, colaboracionistas y entreguistas que hoy pululan en todo el espacio ideológico y organizativo de nuestra clase, en los partidos, sindicatos, movimientos y demás organizaciones populares, y que las han desvirtuado y puesto al servicio de la burguesía. Esto se hizo evidente también en este caso.
Pero nuestra lucha principal es y sigue siendo contra la burguesía, y contra sus instrumentos directos porque esa es la lucha de la CLASE misma. La lucha contra la impunidad y contra las FFAA como institución reaccionaria y represora, dispositivo permanente al servicio del capital, forma parte de esa lucha de la clase.
La lucha contra la socialdemocracia y el colaboracionismo es una lucha de tendencias por la CONDUCCIÓN del movimiento de la clase, debe y puede darse dentro de esa lucha principal, y es además la forma en que es más efectiva.
Sin embargo, parte de la militancia de pretensión revolucionaria cayó en un error de percepción al momento de definir las prioridades. Especuló con apostar al FRACASO de la iniciativa plebiscitaria porque el movimiento que la llevaba adelante estaba circunstancialmente encabezado por algunas corrientes frenteamplistas, y supuso que podría luego hacer caudal de ese fracaso. Ese es un error gravísimo, y evidencia fallas ideológicas profundas.
Nuestra pequeña izquierda anticapitalista está sumergida en un mar social en que la ideología socialdemócrata es predominante. Eso no significa que las contradicciones de clase hayan dejado de existir, pero significa que la gente común las percibe y las interpreta a través del lente socialdemócrata.
La táctica de apostar al fracaso socialdemócrata, o la táctica de DESCARTAR TOTALMENTE cualquier trabajo político en ámbitos en que domine la socialdemocracia, es una metodología que tiene ELLA MISMA una raíz socialdemócrata.
Consiste en suponer que hay que construir ámbitos de trabajo político-partidarios excluyentes, y que mezclarse con los socialdemócratas es hacerles el juego. Esto es una reproducción de la lógica de COMPETENCIA ELECTORAL propia de la democracia representativa burguesa, en la que los distintos partidos políticos compiten entre sí por un electorado pasivo, como las empresas compiten entre sí por clientes.
En esta metodología, los espacios de trabajo de los partidos se excluyen, y generan de arriba abajo sus esferas de influencia. Por ejemplo distintas centrales sindicales. Siguiendo esta metodología, algunos sindicalistas clasistas ideológicamente confundidos convocan a apartarse de cualquier trabajo en la estructura del PIT-CNT. La reciente aprobación de un paro general contra el gobierno en la Mesa Representativa muestra que esa orientación se apoya en una apreciación equivocada.
Hoy por hoy, excluirse de trabajar en TODO ámbito donde predomine la ideología socialdemócrata es renunciar a trabajar entre las masas. Es darse la cabeza contra la pared una y otra vez, sin percibir que en esa misma pared HAY UNA PUERTA.
Esa puerta es la unidad de acción por la base con todos los militantes dispuestos a movilizarse a nivel de masas contra distintos elementos del poder burgués -como lo es la ley de impunidad- sin descartar a los elementos inconsecuentes o influidos por la política socialdemócrata, o que adhieran a la estructura político-partidaria de la socialdemocracia.
6. Y ahora qué
La ley de impunidad aún no ha caído. Ha sido acorralada por el consenso social creciente en su contra. Esa presión desde abajo provoca fisuras en la disciplina política del gobierno. Se combina con la presión internacional que es a su vez el resultado de todas las luchas populares contra los crímenes de lesa humanidad.
Es necesario movilizarse para empujar a la caída de la ley de impunidad y además quitar todo espacio a las concesiones a la impunidad que se quieren seguir haciendo a la hora de eliminar la ley. Es así que podemos dar la necesaria lucha política contra el colaboracionismo, dentro de la dirección del golpe principal.
Salir ahora a apoyar una iniciativa de la bancada frenteamplista ¿será una forma de sostener al gobierno? Sí, "como la soga sostiene al ahorcado".
NOTA. Sobre el atolladero frenteamplista ver entrevista a José Korzeniak:
http://www.larepublica.com.uy/larepublica/2010/09/26/nota/425437
http://www.larepublica.com.uy/politica/425438-las-brechas-y-el-consenso
postaporteñ
FERNANDO MOYANO
"Cuando ya es tarde, suelen descubrir siempre los emperadores y los reyes que late en sus pechos un corazón democrático". Stefan Sweig, Fouché
1. Los ecos del 25 de octubre
En estos días ha ingresado al parlamento un proyecto de ley para eliminar la ley de impunidad, respaldado por una decisión de la Mesa Política del Frente Amplio. La información de la prensa indica que el presidente de la República "dejaría hacer" al parlamento (no enviará un proyecto propio ni vetará lo que salga). Si se quiere evitar una segura sanción a Uruguay en la Corte Interamericana de DDHH a raíz del caso Gelman, habría que hacer algo antes del 4 de octubre.
Es necesario un BALANCE de todo este ciclo, en particular la enorme experiencia del intento de anulación por vía plebiscitaria que obtuvo el pasado 25 de octubre una votación insuficiente. Podría ocurrir que la ley de impunidad no sobreviva más de un año a nuestra "derrota". ¿Qué pasó, por qué pasó, qué significado tienen estos hechos, qué hicimos, qué podíamos haber hecho y POR QUÉ no lo hicimos?
Este es el texto del proyecto de ley.
2. Proyecto interpretativo
"Art. 1.- Declárase como interpretación auténtica de la Constitución de la República (artículo 85 numeral 20) que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a la Constitución de la República por la vía del art. 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
"Artículo 2. Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, art. 12) que los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 15.848 violan los arts. 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República siendo en consecuencia inaplicables.
"Artículo 3. En virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente ley:
a) toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley 15.848, continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales.
b) sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, hayan o no sido incluidos en la caducidad establecida en el art. 1 de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de la presente ley".
3. Para empezar la discusión
Vemos que NO es una ANULACIÓN EXPLÍCITA. Se convierte la ley de impunidad en inaplicable, LETRA MUERTA por la vía de imponer una interpretación de la Constitución pero no se la suprime del sistema legal. Esto es el resultado del tira y afloje entre los distintos sectores del Frente Amplio, donde hay quienes quieren "salir con honor" del atolladero, entendiendo por honor precisamente lo contario a lo que eso significa. Una artimaña para que no sea tan evidente su forzado cambio de postura. Ya tenemos un antecedente de este tipo en la propia ley de la "caducidad de la pretensión punitiva del estado" que era una forma retorcida de dictar una amnistía sin decirlo. Ahora, el gobierno del FA hace algo parecido al anularla sin decir que la anula. Precisamente, el art. 2 de este proyecto dice que la ley de impunidad fue una amnist&iac! ute;a irregular e inconstitucional.
Pero en la realidad, más allá de su forma, ES una anulación de hecho. Pese a todo el embrollo salta a la vista que este proyecto está directamente apoyado en el recurso de reforma constitucional que se votó en octubre, tanto en su aspecto conceptual como en la cita textual de algunas partes. Y en aquello en que agrega algo diferente, está directamente inspirado en la parte del proyecto original que no integró el texto definitivo, la incorporación al art. 72 de la Constitución de una declaración expresa que obliga a la persecución de los delitos de lesa humanidad.
El proyecto presentado ES una anulación y no una derogación ya que revierte decisiones administrativas y judiciales pasadas, y contiene disposiciones para cerrar la red y constreñir a los jueces evitando posibles interpretaciones de que los delitos prescribieron, o de ley más benigna, o de cosa juzgada. Sin embargo abre otros flancos, ya que seguramente habrá quienes intenten decir que ESTA ley es inconstitucional, apoyándose en ese galimatías con que se esquiva la anulación llana, deja la ley pero prohíbe que los jueces la apliquen.
El hecho de que la votación de octubre no alcanzase para activar la reforma constitucional y anular así la ley no significó una derrota de la lucha política contra la impunidad porque hubo 1:200 mil votos por la anulación y ni un solo voto por el mantenimiento. La trampa de no poner papeleta por el NO, una avivada de la Corte Electoral reaccionaria para obstaculizar nuestra lucha, fue un arma de dos filos y mentira de patas cortas. Tuvo éxito en impedir la anulación inmediata pero no pudo evitar que quedase en evidencia el rechazo mayoritario a la ley. Por eso, más que la presión internacional opera la presión de NUESTRA opinión popular. Más aún cuando el 90% de los votantes por SÍ son a su vez el 90% de los que le dieron al gobierno la mayoría parlamentaria.
Se dice que "los tres poderes" se han pronunciado contra al ley de impunidad y se dice media verdad, porque se omite el "poder cero", básico, oscuro, maniatado, traicionado y burlado pero que sigue en su presión sorda, la voluntad popular.
Veamos por ejemplo el Poder Ejecutivo. Durante la presidencia de Tabaré Vázquez la fiscalía de Corte se pronunció por la inconstitucionalidad de esa ley. Pero ¿quién puede ignorar que Tabaré Vázquez dijo estar de acuerdo con el recurso para anularla (desdiciéndose así de lo que había dicho hasta entonces) EL DÍA ANTES de la presentación de las firmas, cuando ya se habían manifestado 340 mil voluntades? Lo mismo puede decirse de los otros dos "poderes" que se acordaron de pronunciarse sobre el tema unos pocos días antes de la votación del recurso en las urnas. Gobiernan a espaldas de la voluntad popular, pero hay momentos en que la presión social los acorrala. No fueron esos "tres poderes" sino el "poder cero" el que socavó la ley hasta hacer inevitable su caída.
Lo mismo el actual presidente y el vice que la MISMA NOCHE del 25 de octubre salieron de apuro a decir que "el soberano" había decidido mantener la ley. Ahora, uno de ellos dice "hagan Uds. no más", y el otro que el proyecto presentado "es un punto de partida" para discutir la eliminación de la ley. ¡Soberanos oportunistas son estos, dispuestos a subirse al carro cuando no haya más remedio! Dice Astori que "le pesan" los resultados de los plebiscitos de 89 y 2009, los cuales lee a contrapelo de lo que el propio Frente Amplio dijo siempre. Lo que quiere decir es que le pesa tener ahora que tragarse el sapo de votar la anulación después de tanta gárgara que hizo cuando creyó que el resultado de octubre había enterrado el tema. Razón de más para poner todo el empeño en que se lo trague.
Por otra parte, ¿qué es en última instancia la presión internacional que se manifiesta en instituciones como la CIDH? Es el reflejo de LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO incluido el nuestro, durante décadas, por juicio y castigo a los delitos de lesa humanidad. Pero no pidamos a estos políticos y politólogos que no ven más allá de los pasillos de las sedes de los organismos que piensen como si fuesen Rosa Luxemburgo y rompan su FETICHISMO INSTITUCIONAL.
Lo mismo puede decirse hoy de los propios parlamentarios que ahora parecen dispuestos a considerar la eliminación de la ley, cuando hace apenas seis meses eran "soldados tranquilos" de la decisión de las cúpulas de mantener la impunidad. Si es válido anular la ley ¿por qué no lo hicieron hace seis meses? Y si pensaban que pueden tolerar la supervivencia de esa ley en nuestro sistema sin que se les caiga la cara de vergüenza ¿por qué no van hoy a decirlo con esa misma cara en la CIDH?
Todos tenemos derecho a opinar, pero todos tenemos también el deber de hacernos responsables de las opiniones vertidas, de cara a lo que ocurre. Ese es un deber con el que rara vez se cumple, pero el incumplimiento recibe también su sanción: esas opiniones pasan a ser irrelevantes. Porque ¿podemos acaso respetar la opinión que tenga hoy ese que se olvida alegremente de lo que opinó ayer?
4. Primero, bajar la pelota al piso
Siempre estuvo claro que el fin de la ley de impunidad no será el fin de la impunidad misma; subsistirán los pactos y complicidades y los mecanismos que la sostienen en los hechos. También sabemos que la anulación parlamentaria dejará fisuras jurídicas sobre las que los implicados en estos delitos intentarán trabajar.
Pero todo esto es secundario frente al hecho fundamental.
La caída de la ley de impunidad será un enorme paso adelante en la lucha por la justicia, por el castigo a los delitos de lesa humanidad, y por la reivindicación de la voluntad popular.
Porque este paso se da A PESAR de todos los pactos y complicidades, y de la falta de voluntad de los "tres poderes" en cumplir con ese deber elemental de verdad y justicia.
En el período pasado nos sumamos al movimiento por la anulación por vía plebiscitaria porque partimos de que quedarnos en el reclamo a que lo haga parlamento, que no lo iba a hacer, sería conformarse con una pobre denuncia de ese cretinismo parlamentario cuando estaba abierta la posibilidad de recurrir a un instrumento de lucha abierta, de masas y no de cúpulas, pese a los riesgos y lo incierto de los resultados.
Porque en política no se trata de elegir entre caminos con riesgos y caminos sin riesgos, que nunca existen. Se trata de elegir entre la lucha real con todas sus dificultades, y la reivindicación solamente testimonial o ideológica que solo sirve para satisfacción propia. Se trataba aquí de un instrumento real y válido para la lucha política y de ideas, para formar opinión y conciencia, para llegar a todos y hacer que todos participasen en esta decisión.
Hoy las condiciones han cambiado, y tenemos por delante una única posibilidad inmediata: la eliminación por vía parlamentaria. Este camino conlleva problemas importantes. La denuncia del oportunismo frenteamplista sigue siendo necesaria. Pero son temas secundarios frente a lo principal: reforzar el golpe que se le va a dar a la impunidad.
Por los objetivos secundarios se debe trabajar ACOMPAÑANDO la dirección del golpe principal, y no desviándolo.
5. Y por casa como andamos
La lucha contra la ley de impunidad ha sido una rica experiencia, una verdadera escuela política. La lectura de esta experiencia es polémica.
Cuando se planteó la opción de la vía plebiscitaria hubo militantes honestos que objetaron el riesgo a que el plebiscito se perdiese otra vez, y eso tornase inamovible la impunidad. En función de ese cálculo, la iniciativa encontró grandes reticencias.
Los hechos desmintieron claramente ese MIEDO PUSILÁNIME.
Porque aún perdiendo el plebiscito, aún dándose en los hechos la peor de las hipótesis, los resultados políticos reales -más allá de los formales- dieron un golpe definitivo a la impunidad.
Hay otra enseñanza importante. Nosotros, si pretendemos ser revolucionarios, tenemos que librar una lucha profunda contra todas las corrientes oportunistas, colaboracionistas y entreguistas que hoy pululan en todo el espacio ideológico y organizativo de nuestra clase, en los partidos, sindicatos, movimientos y demás organizaciones populares, y que las han desvirtuado y puesto al servicio de la burguesía. Esto se hizo evidente también en este caso.
Pero nuestra lucha principal es y sigue siendo contra la burguesía, y contra sus instrumentos directos porque esa es la lucha de la CLASE misma. La lucha contra la impunidad y contra las FFAA como institución reaccionaria y represora, dispositivo permanente al servicio del capital, forma parte de esa lucha de la clase.
La lucha contra la socialdemocracia y el colaboracionismo es una lucha de tendencias por la CONDUCCIÓN del movimiento de la clase, debe y puede darse dentro de esa lucha principal, y es además la forma en que es más efectiva.
Sin embargo, parte de la militancia de pretensión revolucionaria cayó en un error de percepción al momento de definir las prioridades. Especuló con apostar al FRACASO de la iniciativa plebiscitaria porque el movimiento que la llevaba adelante estaba circunstancialmente encabezado por algunas corrientes frenteamplistas, y supuso que podría luego hacer caudal de ese fracaso. Ese es un error gravísimo, y evidencia fallas ideológicas profundas.
Nuestra pequeña izquierda anticapitalista está sumergida en un mar social en que la ideología socialdemócrata es predominante. Eso no significa que las contradicciones de clase hayan dejado de existir, pero significa que la gente común las percibe y las interpreta a través del lente socialdemócrata.
La táctica de apostar al fracaso socialdemócrata, o la táctica de DESCARTAR TOTALMENTE cualquier trabajo político en ámbitos en que domine la socialdemocracia, es una metodología que tiene ELLA MISMA una raíz socialdemócrata.
Consiste en suponer que hay que construir ámbitos de trabajo político-partidarios excluyentes, y que mezclarse con los socialdemócratas es hacerles el juego. Esto es una reproducción de la lógica de COMPETENCIA ELECTORAL propia de la democracia representativa burguesa, en la que los distintos partidos políticos compiten entre sí por un electorado pasivo, como las empresas compiten entre sí por clientes.
En esta metodología, los espacios de trabajo de los partidos se excluyen, y generan de arriba abajo sus esferas de influencia. Por ejemplo distintas centrales sindicales. Siguiendo esta metodología, algunos sindicalistas clasistas ideológicamente confundidos convocan a apartarse de cualquier trabajo en la estructura del PIT-CNT. La reciente aprobación de un paro general contra el gobierno en la Mesa Representativa muestra que esa orientación se apoya en una apreciación equivocada.
Hoy por hoy, excluirse de trabajar en TODO ámbito donde predomine la ideología socialdemócrata es renunciar a trabajar entre las masas. Es darse la cabeza contra la pared una y otra vez, sin percibir que en esa misma pared HAY UNA PUERTA.
Esa puerta es la unidad de acción por la base con todos los militantes dispuestos a movilizarse a nivel de masas contra distintos elementos del poder burgués -como lo es la ley de impunidad- sin descartar a los elementos inconsecuentes o influidos por la política socialdemócrata, o que adhieran a la estructura político-partidaria de la socialdemocracia.
6. Y ahora qué
La ley de impunidad aún no ha caído. Ha sido acorralada por el consenso social creciente en su contra. Esa presión desde abajo provoca fisuras en la disciplina política del gobierno. Se combina con la presión internacional que es a su vez el resultado de todas las luchas populares contra los crímenes de lesa humanidad.
Es necesario movilizarse para empujar a la caída de la ley de impunidad y además quitar todo espacio a las concesiones a la impunidad que se quieren seguir haciendo a la hora de eliminar la ley. Es así que podemos dar la necesaria lucha política contra el colaboracionismo, dentro de la dirección del golpe principal.
Salir ahora a apoyar una iniciativa de la bancada frenteamplista ¿será una forma de sostener al gobierno? Sí, "como la soga sostiene al ahorcado".
NOTA. Sobre el atolladero frenteamplista ver entrevista a José Korzeniak:
http://www.larepublica.com.uy/larepublica/2010/09/26/nota/425437
http://www.larepublica.com.uy/politica/425438-las-brechas-y-el-consenso
postaporteñ
Comunicado de Familiares de Detenidos Desaparecidos
27 de setiembre de 2010
En los últimos tiempos y a propósito de la discusión del Presupuesto Nacional, se han sucedido hechos y posturas en relación a las FFAA. Hechos que son preocupantes por lo que revelan y que merecen ser tratados con mayor profundidad. Pensamos que es necesario generar la reflexión ciudadana sobre los mismos. Ese es el sentido de las líneas que siguen.
Es sabido que las FFAA, protagonistas del golpe de Estado y verdadero núcleo organizacional de la dictadura cívico-militar, se enseñorearon durante 13 años del poder absoluto en este país. En ese período se cometieron crímenes reiteradamente denunciados y probados. Ellas reprimieron, clasificaron los ciudadanos, dictaron y ejecutaron todas las políticas nacionales e internacionales del país e intervinieron en lo privado.
Nada, absolutamente nada, quedó fuera de su voluntad de control. Todo lo que no podían controlar (partidos políticos, sindicatos, prensa, etc.) fue prohibido y sus integrantes y promotores perseguidos. Durante el goce de ese poder mal habido, incrementaron sus efectivos en un número récord y consecuentemente multiplicaron cargos y grados para la oficialidad... más galones, más cargos, más sueldos.
Su máximo intento de consolidación fue la reforma constitucional derrotada por la ciudadanía en 1980. Como no podía ser de otra manera encallaron al país y su gente en el magma del atraso, la corrupción, la pobreza, el endeudamiento, la condena internacional, el desastre. Todos sabemos los costos humanos, sociales, económicos, civilizatorios que nos dejaron.
Ellas, de alguna manera conscientes de que en algún momento, con el advenimiento de la democracia llegaría la hora de rendir cuentas, se abroquelaron, se aferraron a su poder y a su forma de ejercerlo. Ya no serían "el Estado", pero sí "un Estado dentro del Estado". Enquistadas, su mentalidad quedó fijada en la época y modus operandi de su tiranía. Así Medina encerró en su caja fuerte las citaciones judiciales a militares, después se implicaron en el caso Berríos (1992), coparon la Comisaría de Parque del Plata, secuestraron y asesinaron a Berríos, trucaron fotos para "demostrar" al Parlamento que estaba vivo... y los generales se compactaron para enfrentar los reclamos del presidente Lacalle que debió regresar apresuradamente de Londres.
Años después bajo la Presidencia de Batlle le mintieron a la Comisión para la Paz. Después le mintieron al presidente Vázquez en los informes sobre los desaparecidos que solicitó a las respectivas armas y sobre el lugar donde estarían los restos de María Claudia García de Gelman. También, en 2008, el general Rosales se permitió criticar en Santiago a la Justicia chilena a propósito de los coroneles procesados en Chile. Siempre prepotentes, vanidosas, ellas no rinden cuentas. Se creen y de alguna manera lo son impunes.
Ahora, cuando se ha conocido la corrupción en el manejo financiero administrativo, cuando acaban de sentenciar en Chile a los oficiales implicados en el asesinato de Berríos, pensábamos que tal vez las FFAA tuvieran un gesto de pundonor. Pero nos equivocamos, no dijeron nada al respecto.
En cambio, sí abrieron la boca para defender sus bolsillos y privilegios. Claro, disfrazaron su avidez invocando la pobreza de la tropa; la misma tropa a la que le tocó la tajada flaca cuando la oficialidad repartió los dineros de las Misiones de Paz y se quedó con la tajada gorda. La misma tropa por la que se hacen servir en la vida cuartelera y en la privada.
Los "abnegados defensores de la Patria" amenazaron con retirarse prematuramente porque jubilados ganan más. Los coroneles se insubordinaron, ya que les habían mandado (el mando es otro de sus valores de oro) quedarse quietos y chitos y se fueron a corcovear a sus "instituciones sociales", cuyas autoridades salieron al ruedo a defender la corporación con el discurso paranoico de la venganza y del complot de contrainformación y otra serie de delirios que debimos escuchar con paciencia y tolerancia y que no logra más efecto que hundirlos en la consideración ciudadana. "Instituciones sociales" que ahora se preocupan por los costos de las excavaciones destinadas a encontrar los restos de nuestros familiares...
Sí señores, no tendríamos que gastar ni un peso si ustedes no los hubieran matado y enterrado clandestinamente o, si admitiendo su responsabilidad, dijeran dónde están. Así que éste es uno de los costos de su criminalidad y su cobardía.
Todo esto nos lleva a razonar que: Vivimos en un país que hace denodados esfuerzos por salir de la pobreza, del endeudamiento y del caos administrativo. Que hace esfuerzos por incrementar su producción, por ser serio y ganar la confianza de su gente y de la del exterior, por cumplir con las normas del derecho nacional e internacional.
Somos un país con una superficie que apenas araña el 1% de la de Sudamérica...
Un país que ha comprendido que su soberanía, independencia y seguridad dependen del desarrollo de su economía, de su respeto del derecho, de su educación y cultura, de sus relaciones internacionales. Que dependen de la calidad de la convivencia entre sus pobladores, de su compromiso con la paz y la libertad, con la integración regional; que ha votado una Ley Marco de Defensa Nacional que refleja estos aspectos.
Entonces, ¿qué hacemos manteniendo unas FFAA cuya proporción por habitante (7 cada mil) es la más alta de la región? ¿Por qué mantenemos agregados militares cuyo costo anual ronda los 8 millones de dólares? ¿Por qué con todas las limitaciones económicas y las inversiones que debemos hacer para sacar el país del pozo destinamos el 1,2% del PBI a mantener esta burocracia obsoleta y armada?
Estas FFAA, con sus crímenes de antes y durante la democracia, no contribuyen a la defensa nacional, al contrario, la socavan. Estas FFAA persistentes en su silencio y mentiras, están divorciadas de la población y eso las cuestiona como elemento de defensa. Estas FFAA que insisten en no subordinarse más que superficialmente a los poderes constituidos, que aspiran a mantener su indisciplinada autonomía, que miran con aversión toda legislación que implique subordinarlas al poder político, son un riesgo para la democracia.
Estas FFAA que parecen no darse cuenta que la guerra fría terminó, que las dictaduras ya se tuvieron que ir, no son más que la ignominiosa presencia de nuestro peor pasado. Desprestigian al país y deshonran sus tradiciones.
Estas FFAA no dan garantías de que Nunca Más el terrorismo de Estado va a abatirse sobre nosotros o las generaciones futuras. Por eso nosotros, continuaremos siguiendo atentamente sus acciones. Por eso estaremos inclaudicablemente defendiendo el Estado de Derecho y sus legítimas autoridades.
En este sentido, invitamos a los partidos políticos, a los gremios y sindicatos, a todas las organizaciones de la sociedad civil, a plantearse seriamente dónde radica nuestra Defensa Nacional, para qué y qué FFAA necesitamos y hacer llegar estas reflexiones al mayor número de personas posibles comprendiendo que en esto se juega gran parte de nuestro futuro como país y como sociedad.
En los últimos tiempos y a propósito de la discusión del Presupuesto Nacional, se han sucedido hechos y posturas en relación a las FFAA. Hechos que son preocupantes por lo que revelan y que merecen ser tratados con mayor profundidad. Pensamos que es necesario generar la reflexión ciudadana sobre los mismos. Ese es el sentido de las líneas que siguen.
Es sabido que las FFAA, protagonistas del golpe de Estado y verdadero núcleo organizacional de la dictadura cívico-militar, se enseñorearon durante 13 años del poder absoluto en este país. En ese período se cometieron crímenes reiteradamente denunciados y probados. Ellas reprimieron, clasificaron los ciudadanos, dictaron y ejecutaron todas las políticas nacionales e internacionales del país e intervinieron en lo privado.
Nada, absolutamente nada, quedó fuera de su voluntad de control. Todo lo que no podían controlar (partidos políticos, sindicatos, prensa, etc.) fue prohibido y sus integrantes y promotores perseguidos. Durante el goce de ese poder mal habido, incrementaron sus efectivos en un número récord y consecuentemente multiplicaron cargos y grados para la oficialidad... más galones, más cargos, más sueldos.
Su máximo intento de consolidación fue la reforma constitucional derrotada por la ciudadanía en 1980. Como no podía ser de otra manera encallaron al país y su gente en el magma del atraso, la corrupción, la pobreza, el endeudamiento, la condena internacional, el desastre. Todos sabemos los costos humanos, sociales, económicos, civilizatorios que nos dejaron.
Ellas, de alguna manera conscientes de que en algún momento, con el advenimiento de la democracia llegaría la hora de rendir cuentas, se abroquelaron, se aferraron a su poder y a su forma de ejercerlo. Ya no serían "el Estado", pero sí "un Estado dentro del Estado". Enquistadas, su mentalidad quedó fijada en la época y modus operandi de su tiranía. Así Medina encerró en su caja fuerte las citaciones judiciales a militares, después se implicaron en el caso Berríos (1992), coparon la Comisaría de Parque del Plata, secuestraron y asesinaron a Berríos, trucaron fotos para "demostrar" al Parlamento que estaba vivo... y los generales se compactaron para enfrentar los reclamos del presidente Lacalle que debió regresar apresuradamente de Londres.
Años después bajo la Presidencia de Batlle le mintieron a la Comisión para la Paz. Después le mintieron al presidente Vázquez en los informes sobre los desaparecidos que solicitó a las respectivas armas y sobre el lugar donde estarían los restos de María Claudia García de Gelman. También, en 2008, el general Rosales se permitió criticar en Santiago a la Justicia chilena a propósito de los coroneles procesados en Chile. Siempre prepotentes, vanidosas, ellas no rinden cuentas. Se creen y de alguna manera lo son impunes.
Ahora, cuando se ha conocido la corrupción en el manejo financiero administrativo, cuando acaban de sentenciar en Chile a los oficiales implicados en el asesinato de Berríos, pensábamos que tal vez las FFAA tuvieran un gesto de pundonor. Pero nos equivocamos, no dijeron nada al respecto.
En cambio, sí abrieron la boca para defender sus bolsillos y privilegios. Claro, disfrazaron su avidez invocando la pobreza de la tropa; la misma tropa a la que le tocó la tajada flaca cuando la oficialidad repartió los dineros de las Misiones de Paz y se quedó con la tajada gorda. La misma tropa por la que se hacen servir en la vida cuartelera y en la privada.
Los "abnegados defensores de la Patria" amenazaron con retirarse prematuramente porque jubilados ganan más. Los coroneles se insubordinaron, ya que les habían mandado (el mando es otro de sus valores de oro) quedarse quietos y chitos y se fueron a corcovear a sus "instituciones sociales", cuyas autoridades salieron al ruedo a defender la corporación con el discurso paranoico de la venganza y del complot de contrainformación y otra serie de delirios que debimos escuchar con paciencia y tolerancia y que no logra más efecto que hundirlos en la consideración ciudadana. "Instituciones sociales" que ahora se preocupan por los costos de las excavaciones destinadas a encontrar los restos de nuestros familiares...
Sí señores, no tendríamos que gastar ni un peso si ustedes no los hubieran matado y enterrado clandestinamente o, si admitiendo su responsabilidad, dijeran dónde están. Así que éste es uno de los costos de su criminalidad y su cobardía.
Todo esto nos lleva a razonar que: Vivimos en un país que hace denodados esfuerzos por salir de la pobreza, del endeudamiento y del caos administrativo. Que hace esfuerzos por incrementar su producción, por ser serio y ganar la confianza de su gente y de la del exterior, por cumplir con las normas del derecho nacional e internacional.
Somos un país con una superficie que apenas araña el 1% de la de Sudamérica...
Un país que ha comprendido que su soberanía, independencia y seguridad dependen del desarrollo de su economía, de su respeto del derecho, de su educación y cultura, de sus relaciones internacionales. Que dependen de la calidad de la convivencia entre sus pobladores, de su compromiso con la paz y la libertad, con la integración regional; que ha votado una Ley Marco de Defensa Nacional que refleja estos aspectos.
Entonces, ¿qué hacemos manteniendo unas FFAA cuya proporción por habitante (7 cada mil) es la más alta de la región? ¿Por qué mantenemos agregados militares cuyo costo anual ronda los 8 millones de dólares? ¿Por qué con todas las limitaciones económicas y las inversiones que debemos hacer para sacar el país del pozo destinamos el 1,2% del PBI a mantener esta burocracia obsoleta y armada?
Estas FFAA, con sus crímenes de antes y durante la democracia, no contribuyen a la defensa nacional, al contrario, la socavan. Estas FFAA persistentes en su silencio y mentiras, están divorciadas de la población y eso las cuestiona como elemento de defensa. Estas FFAA que insisten en no subordinarse más que superficialmente a los poderes constituidos, que aspiran a mantener su indisciplinada autonomía, que miran con aversión toda legislación que implique subordinarlas al poder político, son un riesgo para la democracia.
Estas FFAA que parecen no darse cuenta que la guerra fría terminó, que las dictaduras ya se tuvieron que ir, no son más que la ignominiosa presencia de nuestro peor pasado. Desprestigian al país y deshonran sus tradiciones.
Estas FFAA no dan garantías de que Nunca Más el terrorismo de Estado va a abatirse sobre nosotros o las generaciones futuras. Por eso nosotros, continuaremos siguiendo atentamente sus acciones. Por eso estaremos inclaudicablemente defendiendo el Estado de Derecho y sus legítimas autoridades.
En este sentido, invitamos a los partidos políticos, a los gremios y sindicatos, a todas las organizaciones de la sociedad civil, a plantearse seriamente dónde radica nuestra Defensa Nacional, para qué y qué FFAA necesitamos y hacer llegar estas reflexiones al mayor número de personas posibles comprendiendo que en esto se juega gran parte de nuestro futuro como país y como sociedad.
miércoles, 22 de septiembre de 2010
En el positivo camino de impactar contra la impunidad. ¿qué otras cosas?
Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Otras causalidades
Gobierno se puso como meta aprobar ley interpretativa de la Caducidad antes del 25 de octubre.
“Nos parece un avance que la Ley de Caducidad salga del ordenamiento jurídico, pero el tema de la impunidad es mucho más grande”, afirmó en diálogo con la diaria Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, organización que en una semana tendrá una reunión con Presidencia. Para entonces espera respuestas a tres planteos: asignación de recursos a la Comisión Nacional de Seguimiento, la orden para retomar las excavaciones en el Batallón 14 y la implementación de políticas concretas para desclasificar archivos de la dictadura.
La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) definió ayer un plan de trabajo, según el cual el martes se citará una sesión extraordinaria de la cámara baja para darle al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad la entrada formal al Parlamento, con el respaldo del presidente José Mujica, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Está previsto además que el 29 y el 30 de setiembre se le dé tratamiento en la Comisión de Constitución y Códigos, y que la primera semana de octubre sea aprobada por el plenario.
Para entonces ya se habrá desarrollado la audiencia única en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado, fijada el 4 de octubre, por denegación de justicia en la investigación de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman en 1976. No obstante, la resolución del presidente de la Corte IDH, Diego García Sayán, establece un plazo improrrogable hasta el 25 de octubre, para que las partes hagan las observaciones finales en alegatos escritos. La expectativa es que para esa fecha, que coincide con la del plebiscito rosado de un año atrás, la norma para dejar inaplicable la Caducidad tenga sanción definitiva.
En tanto, se conformó dentro de la bancada frenteamplista una subcomisión integrada por los diputados Carlos Coitiño (PVP), Felipe Michelini (Nuevo Espacio) y Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) para ajustar detalles en la exposición de motivos, con el objetivo de “profundizar el nivel político” de los argumentos. En la tarde de ayer, tras la reunión de bancada, los tres diputados convocaron a los coordinadores de los partidos de la oposición para informarles sobre los movimientos previstos.
Al encuentro asistió sólo el Partido Nacional, que estuvo representado por los diputados Pablo Iturralde (Alianza Nacional) y Jaime Trobo (Unidad Nacional). “No tengo comentarios. Nos dieron el texto, escuchamos y nada más”, señaló Iturralde a la diaria. El independiente Iván Posada explicó que se encontraba en la Comisión de Presupuesto, pero que el FA le hizo llegar el proyecto. En tanto, al cierre de esta edición no habían dado una respuesta en la secretaría del coordinador colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay), a la que el FA entregó una copia, según informaron a la diaria.
Que no se repita
“Aún falta para contestar cómo, cuándo, dónde y por qué”, decía la carta que Familiares escribió a Mujica el 1º de marzo. Fue la primera misiva que le tocó leer como presidente. El 27 de abril los recibió en la Torre Ejecutiva y los representantes hicieron especial hincapié en solicitar la reinstrumentación de la Comisión Nacional de Seguimiento, ya que el convenio con la Universidad de la República que la mantenía en funcionamiento venció al finalizar el mandato de Tabaré Vázquez.
El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, los volvió a convocar en junio: “Quedó en dar respuestas, pero aún no las hemos tenido”, indicó Errandonea. “Hay señales favorables pero no hay acciones concretas del gobierno”, añadió. Por eso, para la próxima semana aguardan avances en ese sentido.
Valora el envío al Parlamento del proyecto interpretativo, pero tampoco se hace “demasiada esperanza”. “La presión ha ido creciendo de todos lados; ahora, si el gobierno es más permeable a la presión internacional que a la nacional, bueno, tendrá que afrontar su decisión. Las formas no me importan, me importa que no siga existiendo esta aberración en el ordenamiento jurídico uruguayo. Queremos saber qué pasó pero queremos también que nunca más pase. Pero tampoco hay que hacerse demasiada esperanza en que cuando esta ley se borre se vaya a acabar la impunidad”, expresó a la diaria Errandonea.
Para eso, indicó, es necesario implementar otras acciones. “Continuar la búsqueda de archivos. Los del departamento de Estado en Estados Unidos. Los de Defensa. Los del Servicio Información y Defensa ni se han tocado. Los archivos microfilmados del Centro General para Oficiales de Reserva ya están sistematizados por los historiadores, están prontos para la publicación en web y no se puede hacer porque no hay autorización de Presidencia”, enumeró. Y añadió: “Tampoco ha dado la orden para entrar al Batallón 14, donde hay indicios de lo que pudo haber sido la Operación Zanahoria. Pasa el tiempo, y Familiares no tiene toda la vida. Ya llevamos 30 años buscando. Pero para esto se necesita voluntad política”.
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Política
22.9.10
Asuntos pendientes
Los debates uruguayos sobre las Fuerzas Armadas llevan mucho retraso, y uno de los motivos principales es que a la salida de la dictadura se resolvió muy mal la cuestión de las responsabilidades por el terrorismo de Estado. La Ley de Caducidad no sólo nos puso al margen del derecho internacional y contribuyó a envenenar la convivencia social; su conflictiva persistencia también postergó el encare de muchos otros asuntos relevantes relacionados con las instituciones militares.
1) Mientras permanecía pendiente una discusión democrática para definir el motivo de que tengamos Fuerzas Armadas, y el contexto de la política mundial cambiaba muchísimo (transformando en anacrónicos los discursos de la “guerra fría”), las instituciones militares uruguayas incorporaron a sus tareas, con creciente importancia, la participación en fuerzas de paz internacionales. Las consecuencias abarcan desde la introducción al país de enfermedades tropicales hasta la consolidación de una fuente de ingresos para todo uso, cuyo manejo sólo en los últimos años ha empezado a ordenarse y que dio lugar a graves irregularidades. Pero sobre todo se ha fortalecido, por “la lógica de los hechos”, una razón de ser imprevista, sustentada en una mezcla de rentabilidad, posibilidades de acumular experiencia profesional y oportunidades para establecer vínculos militares y políticos, a la cual le falta la base más indispensable: que nuestra sociedad decida si realmente quiere invertir recursos materiales y humanos para realizar esas misiones fuera de fronteras.
2) En una entrevista con Emiliano Cotelo difundida el lunes por El Espectador, el general del aire José Bonilla, futuro jefe del Estado Mayor de la Defensa, mencionó la problemática situación del sistema previsional militar. Bonilla destacó que el 60% de los beneficiarios de ese sistema recibe menos de 10 mil pesos por mes, que el 22% percibe de 10 mil a 20 mil, y que sólo 3% cobra más de 50 mil pesos mensuales. Sin restarles importancia a esos datos, ni entrar en comparaciones odiosas con las pasividades del resto de la población, uno de los números que manejó el general aviador merece suma atención: los retirados y pensionistas del sistema militar son unos 46.000. Si tenemos en cuenta que los efectivos suman alrededor de 30 mil, resulta que el país paga dos fuerzas armadas y media, y si hoy mismo se modificaran las causas estructurales de esta pesada carga (cosa que está lejos de ocurrir), su costo persistiría durante mucho tiempo.
3) El Poder Ejecutivo maneja la idea de que miles de los actuales integrantes de las Fuerzas Armadas pasen a desempeñar tareas en el Ministerio del Interior. Cabe señalar que si en la actual Policía pueden ocurrir hechos abominables como el asesinato en Piriápolis del joven Maiquel Martinho, la incorporación de un gran contingente de personas que han sido entrenadas para enfrentamientos en los que el objetivo es matar plantea una perspectiva perturbadora.
La anulación de los efectos de la ley de Caducidad es deseable por muchas causas. A las que se mencionan con mayor frecuencia hay que añadir que desembarazarnos de ese lastre puede facilitar que, de una vez por todas, afrontemos otros debates relacionados con los militares, que es insensato seguir postergando.
Marcelo Pereira
Otras causalidades
Gobierno se puso como meta aprobar ley interpretativa de la Caducidad antes del 25 de octubre.
“Nos parece un avance que la Ley de Caducidad salga del ordenamiento jurídico, pero el tema de la impunidad es mucho más grande”, afirmó en diálogo con la diaria Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, organización que en una semana tendrá una reunión con Presidencia. Para entonces espera respuestas a tres planteos: asignación de recursos a la Comisión Nacional de Seguimiento, la orden para retomar las excavaciones en el Batallón 14 y la implementación de políticas concretas para desclasificar archivos de la dictadura.
La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) definió ayer un plan de trabajo, según el cual el martes se citará una sesión extraordinaria de la cámara baja para darle al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad la entrada formal al Parlamento, con el respaldo del presidente José Mujica, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Está previsto además que el 29 y el 30 de setiembre se le dé tratamiento en la Comisión de Constitución y Códigos, y que la primera semana de octubre sea aprobada por el plenario.
Para entonces ya se habrá desarrollado la audiencia única en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado, fijada el 4 de octubre, por denegación de justicia en la investigación de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman en 1976. No obstante, la resolución del presidente de la Corte IDH, Diego García Sayán, establece un plazo improrrogable hasta el 25 de octubre, para que las partes hagan las observaciones finales en alegatos escritos. La expectativa es que para esa fecha, que coincide con la del plebiscito rosado de un año atrás, la norma para dejar inaplicable la Caducidad tenga sanción definitiva.
En tanto, se conformó dentro de la bancada frenteamplista una subcomisión integrada por los diputados Carlos Coitiño (PVP), Felipe Michelini (Nuevo Espacio) y Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) para ajustar detalles en la exposición de motivos, con el objetivo de “profundizar el nivel político” de los argumentos. En la tarde de ayer, tras la reunión de bancada, los tres diputados convocaron a los coordinadores de los partidos de la oposición para informarles sobre los movimientos previstos.
Al encuentro asistió sólo el Partido Nacional, que estuvo representado por los diputados Pablo Iturralde (Alianza Nacional) y Jaime Trobo (Unidad Nacional). “No tengo comentarios. Nos dieron el texto, escuchamos y nada más”, señaló Iturralde a la diaria. El independiente Iván Posada explicó que se encontraba en la Comisión de Presupuesto, pero que el FA le hizo llegar el proyecto. En tanto, al cierre de esta edición no habían dado una respuesta en la secretaría del coordinador colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay), a la que el FA entregó una copia, según informaron a la diaria.
Que no se repita
“Aún falta para contestar cómo, cuándo, dónde y por qué”, decía la carta que Familiares escribió a Mujica el 1º de marzo. Fue la primera misiva que le tocó leer como presidente. El 27 de abril los recibió en la Torre Ejecutiva y los representantes hicieron especial hincapié en solicitar la reinstrumentación de la Comisión Nacional de Seguimiento, ya que el convenio con la Universidad de la República que la mantenía en funcionamiento venció al finalizar el mandato de Tabaré Vázquez.
El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, los volvió a convocar en junio: “Quedó en dar respuestas, pero aún no las hemos tenido”, indicó Errandonea. “Hay señales favorables pero no hay acciones concretas del gobierno”, añadió. Por eso, para la próxima semana aguardan avances en ese sentido.
Valora el envío al Parlamento del proyecto interpretativo, pero tampoco se hace “demasiada esperanza”. “La presión ha ido creciendo de todos lados; ahora, si el gobierno es más permeable a la presión internacional que a la nacional, bueno, tendrá que afrontar su decisión. Las formas no me importan, me importa que no siga existiendo esta aberración en el ordenamiento jurídico uruguayo. Queremos saber qué pasó pero queremos también que nunca más pase. Pero tampoco hay que hacerse demasiada esperanza en que cuando esta ley se borre se vaya a acabar la impunidad”, expresó a la diaria Errandonea.
Para eso, indicó, es necesario implementar otras acciones. “Continuar la búsqueda de archivos. Los del departamento de Estado en Estados Unidos. Los de Defensa. Los del Servicio Información y Defensa ni se han tocado. Los archivos microfilmados del Centro General para Oficiales de Reserva ya están sistematizados por los historiadores, están prontos para la publicación en web y no se puede hacer porque no hay autorización de Presidencia”, enumeró. Y añadió: “Tampoco ha dado la orden para entrar al Batallón 14, donde hay indicios de lo que pudo haber sido la Operación Zanahoria. Pasa el tiempo, y Familiares no tiene toda la vida. Ya llevamos 30 años buscando. Pero para esto se necesita voluntad política”.
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Política
22.9.10
Asuntos pendientes
Los debates uruguayos sobre las Fuerzas Armadas llevan mucho retraso, y uno de los motivos principales es que a la salida de la dictadura se resolvió muy mal la cuestión de las responsabilidades por el terrorismo de Estado. La Ley de Caducidad no sólo nos puso al margen del derecho internacional y contribuyó a envenenar la convivencia social; su conflictiva persistencia también postergó el encare de muchos otros asuntos relevantes relacionados con las instituciones militares.
1) Mientras permanecía pendiente una discusión democrática para definir el motivo de que tengamos Fuerzas Armadas, y el contexto de la política mundial cambiaba muchísimo (transformando en anacrónicos los discursos de la “guerra fría”), las instituciones militares uruguayas incorporaron a sus tareas, con creciente importancia, la participación en fuerzas de paz internacionales. Las consecuencias abarcan desde la introducción al país de enfermedades tropicales hasta la consolidación de una fuente de ingresos para todo uso, cuyo manejo sólo en los últimos años ha empezado a ordenarse y que dio lugar a graves irregularidades. Pero sobre todo se ha fortalecido, por “la lógica de los hechos”, una razón de ser imprevista, sustentada en una mezcla de rentabilidad, posibilidades de acumular experiencia profesional y oportunidades para establecer vínculos militares y políticos, a la cual le falta la base más indispensable: que nuestra sociedad decida si realmente quiere invertir recursos materiales y humanos para realizar esas misiones fuera de fronteras.
2) En una entrevista con Emiliano Cotelo difundida el lunes por El Espectador, el general del aire José Bonilla, futuro jefe del Estado Mayor de la Defensa, mencionó la problemática situación del sistema previsional militar. Bonilla destacó que el 60% de los beneficiarios de ese sistema recibe menos de 10 mil pesos por mes, que el 22% percibe de 10 mil a 20 mil, y que sólo 3% cobra más de 50 mil pesos mensuales. Sin restarles importancia a esos datos, ni entrar en comparaciones odiosas con las pasividades del resto de la población, uno de los números que manejó el general aviador merece suma atención: los retirados y pensionistas del sistema militar son unos 46.000. Si tenemos en cuenta que los efectivos suman alrededor de 30 mil, resulta que el país paga dos fuerzas armadas y media, y si hoy mismo se modificaran las causas estructurales de esta pesada carga (cosa que está lejos de ocurrir), su costo persistiría durante mucho tiempo.
3) El Poder Ejecutivo maneja la idea de que miles de los actuales integrantes de las Fuerzas Armadas pasen a desempeñar tareas en el Ministerio del Interior. Cabe señalar que si en la actual Policía pueden ocurrir hechos abominables como el asesinato en Piriápolis del joven Maiquel Martinho, la incorporación de un gran contingente de personas que han sido entrenadas para enfrentamientos en los que el objetivo es matar plantea una perspectiva perturbadora.
La anulación de los efectos de la ley de Caducidad es deseable por muchas causas. A las que se mencionan con mayor frecuencia hay que añadir que desembarazarnos de ese lastre puede facilitar que, de una vez por todas, afrontemos otros debates relacionados con los militares, que es insensato seguir postergando.
Marcelo Pereira
En el positivo camino de impactar contra la impunidad.
Bancada. Diputados del Frente Amplio analizarán hoy su tratamiento legislativo
Proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad ingresa hoy al Parlamento
El proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad comienza hoy el proceso parlamentario cuando la bancada de Diputados del FA reciba de la fuerza política el texto de la iniciativa, que cuenta con el respaldo expreso del propio presidente de la República, José Mujica.
Mesa Política. Brovetto informó que el Presidente "comparte" el texto del proyecto.
Finalmente serán los legisladores del FA quienes impulsen el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad que procura, en caso de ser aprobado, erradicar sus efectos negativos.
El Poder Ejecutivo le dio la derecha a la fuerza política para que sea a través de sus legisladores quienes busquen aprobar este proyecto, con una mayoría simple de la Asamblea General.
Ayer, el presidente del FA, Jorge Brovetto informó en la Mesa Política, que en una reciente reunión mantenida con el presidente Mujica, el mandatario le dijo que compartía totalmente el texto del proyecto, y que lo autorizaba a manifestar que acompañaba la propuesta.
Una vez vencido el plazo que el Ejecutivo se dio para dirimir si enviaba la iniciativa, la fuerza política, a partir de hoy comenzará a analizar en la coordinación de bancada de Diputados, el tratamiento y los plazos que intentará darle a este proyecto, ya que se deberá de coordinar con el Senado para una convocatoria a Asamblea General en el breve plazo.
El dirigente del PVP, Carlos Coitiño indicó que es probable y necesario que el Parlamento Nacional apruebe el proyecto antes del 4 de octubre, día en que fue citada una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Quito-Ecuador. La familia Gelman denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo, en mayo de 2006. El escrito interpuesto denunciaba la violación por parte del Estado uruguayo de los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, bajo el argumento de que la Ley de Caducidad impide el acceso a la verdad y la justicia por no permitir una verdadera investigación por el secuestro y desaparición de María Claudia García, señaló la abogada Ariela Peralta.
Es altamente probable que la Corte falle en contra del Estado uruguayo, disponiendo la obligatoriedad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, por estar violentando la legislación internacional
En tal sentido, existe la intención, dijo Coitiño, que nuestro país comparezca a la audiencia de la Corte Interamericana en Quito con una ley aprobada que deje sin efectos la polémica ley 15.848 de la Caducidad, para tener una defensa más cómoda.
El proyecto interpretativo
El texto que estará a consideración de la bancada de diputados del FA del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad es el siguiente:
Art. 1.- Declárase como interpretación auténtica de la Constitución de la República (artículo 85 numeral 20) que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a la Constitución de la República por la vía del art. 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
Artículo 2. Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, art. 12) que los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 15.848 violan los arts. 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República siendo en consecuencia inaplicables.
Artículo 3. En virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente ley:
a) toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley 15.848, continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendiddas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales.
b) sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, hayan o no sido incluidos en la caducidad establecida en el art. 1 de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de la presente ley.
Proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad ingresa hoy al Parlamento
El proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad comienza hoy el proceso parlamentario cuando la bancada de Diputados del FA reciba de la fuerza política el texto de la iniciativa, que cuenta con el respaldo expreso del propio presidente de la República, José Mujica.
Mesa Política. Brovetto informó que el Presidente "comparte" el texto del proyecto.
Finalmente serán los legisladores del FA quienes impulsen el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad que procura, en caso de ser aprobado, erradicar sus efectos negativos.
El Poder Ejecutivo le dio la derecha a la fuerza política para que sea a través de sus legisladores quienes busquen aprobar este proyecto, con una mayoría simple de la Asamblea General.
Ayer, el presidente del FA, Jorge Brovetto informó en la Mesa Política, que en una reciente reunión mantenida con el presidente Mujica, el mandatario le dijo que compartía totalmente el texto del proyecto, y que lo autorizaba a manifestar que acompañaba la propuesta.
Una vez vencido el plazo que el Ejecutivo se dio para dirimir si enviaba la iniciativa, la fuerza política, a partir de hoy comenzará a analizar en la coordinación de bancada de Diputados, el tratamiento y los plazos que intentará darle a este proyecto, ya que se deberá de coordinar con el Senado para una convocatoria a Asamblea General en el breve plazo.
El dirigente del PVP, Carlos Coitiño indicó que es probable y necesario que el Parlamento Nacional apruebe el proyecto antes del 4 de octubre, día en que fue citada una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Quito-Ecuador. La familia Gelman denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo, en mayo de 2006. El escrito interpuesto denunciaba la violación por parte del Estado uruguayo de los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, bajo el argumento de que la Ley de Caducidad impide el acceso a la verdad y la justicia por no permitir una verdadera investigación por el secuestro y desaparición de María Claudia García, señaló la abogada Ariela Peralta.
Es altamente probable que la Corte falle en contra del Estado uruguayo, disponiendo la obligatoriedad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, por estar violentando la legislación internacional
En tal sentido, existe la intención, dijo Coitiño, que nuestro país comparezca a la audiencia de la Corte Interamericana en Quito con una ley aprobada que deje sin efectos la polémica ley 15.848 de la Caducidad, para tener una defensa más cómoda.
El proyecto interpretativo
El texto que estará a consideración de la bancada de diputados del FA del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad es el siguiente:
Art. 1.- Declárase como interpretación auténtica de la Constitución de la República (artículo 85 numeral 20) que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a la Constitución de la República por la vía del art. 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
Artículo 2. Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, art. 12) que los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 15.848 violan los arts. 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República siendo en consecuencia inaplicables.
Artículo 3. En virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente ley:
a) toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley 15.848, continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendiddas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales.
b) sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, hayan o no sido incluidos en la caducidad establecida en el art. 1 de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de la presente ley.
domingo, 19 de septiembre de 2010
Campo "Arlington"
Resolución del magistrado. La visita al Batallón de Toledo fue autorizada con el fin de reanudar las excavaciones
La Justicia entró al Batallón 14 buscando el campo "Arlington", cementerio clandestino donde los represores enterraban sus víctimas
http://www.larepublica.com.uy/
Domingo, 19 de septiembre, 2010 - AÑO 11 - Nro.3751
Batallón 14
Delimitaron predio de la excavación
La Justicia delimitó y dispuso medidas de no innovar en una zona del Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo, en la cual se presume la existencia de enterramientos clandestinos durante la última dictadura, como forma de avanzar en el proceso de inicio de las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos en dicha unidad militar.
El juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, el fiscal Ariel Cancela, el jefe del Equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República (Udelar), José María López Mazz, y varios abogados de los militares indagados por el crimen de María Claudia García de Gelman, ingresaron hace dos semanas a las entrañas del Batallón Nº 14, indicaron fuentes del caso a LA REPUBLICA.
La inspección ocular del predio militar permitió delimitar y disponer medidas de no innovar en una zona previamente identificada por López Mazz como posible zona de enterramientos clandestinos, tras los trabajos desarrollados en el Batallón Nº 14 finalizados en noviembre de 2009, explicaron las fuentes.
En este sentido, el ingreso al Batallón Nº 14 se concretó en consonancia con la resolución del magistrado de autorizar la reanudación de las excavaciones, en virtud del posible hallazgo de "Arlington", denominación adoptada por los represores uruguayos para señalizar un cementerio clandestino de la dictadura.
El trabajo desarrollado por el equipo de antropólogos en el predio conocido como los campos de Vidiella permitió detectar indicios de movimientos de tierra en la zona, y el hallazgo de dos pequeños fragmentos de huesos, los cuales son actualmente estudiados en un laboratorio especializado para determinar si se trata de restos humanos. El hallazgo confirmaría los trabajos de exhumación de restos impulsados por los propios militares, ya en democracia, en la denominada "Operación Zanahoria".
El ingreso del juez Salazar al predio sería un nuevo indicio sobre la inminente reanudación de las excavaciones. Incluso, el presidente de la República, José Mujica, ya manifestó su intención de autorizar el ingreso de los antropólogos al predio en caso de contar con información "seria y racional" sobre la existencia de enterramientos en la zona.
La Justicia entró al Batallón 14 buscando el campo "Arlington", cementerio clandestino donde los represores enterraban sus víctimas
http://www.larepublica.com.uy/
Domingo, 19 de septiembre, 2010 - AÑO 11 - Nro.3751
Batallón 14
Delimitaron predio de la excavación
La Justicia delimitó y dispuso medidas de no innovar en una zona del Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo, en la cual se presume la existencia de enterramientos clandestinos durante la última dictadura, como forma de avanzar en el proceso de inicio de las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos en dicha unidad militar.
El juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, el fiscal Ariel Cancela, el jefe del Equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República (Udelar), José María López Mazz, y varios abogados de los militares indagados por el crimen de María Claudia García de Gelman, ingresaron hace dos semanas a las entrañas del Batallón Nº 14, indicaron fuentes del caso a LA REPUBLICA.
La inspección ocular del predio militar permitió delimitar y disponer medidas de no innovar en una zona previamente identificada por López Mazz como posible zona de enterramientos clandestinos, tras los trabajos desarrollados en el Batallón Nº 14 finalizados en noviembre de 2009, explicaron las fuentes.
En este sentido, el ingreso al Batallón Nº 14 se concretó en consonancia con la resolución del magistrado de autorizar la reanudación de las excavaciones, en virtud del posible hallazgo de "Arlington", denominación adoptada por los represores uruguayos para señalizar un cementerio clandestino de la dictadura.
El trabajo desarrollado por el equipo de antropólogos en el predio conocido como los campos de Vidiella permitió detectar indicios de movimientos de tierra en la zona, y el hallazgo de dos pequeños fragmentos de huesos, los cuales son actualmente estudiados en un laboratorio especializado para determinar si se trata de restos humanos. El hallazgo confirmaría los trabajos de exhumación de restos impulsados por los propios militares, ya en democracia, en la denominada "Operación Zanahoria".
El ingreso del juez Salazar al predio sería un nuevo indicio sobre la inminente reanudación de las excavaciones. Incluso, el presidente de la República, José Mujica, ya manifestó su intención de autorizar el ingreso de los antropólogos al predio en caso de contar con información "seria y racional" sobre la existencia de enterramientos en la zona.
domingo, 12 de septiembre de 2010
Invitación para el Martes 14 de Setiembre
Invitamos a participar de una
PUESTA AL DIA EN DERECHOS HUMANOS
Habla el senador Oscar López Goldaracena.
Actúa Falta y Resto.
Independientes por Derechos Humanos del Frente Amplio.
Espacio por los Pueblos Libres
SI! Seguimos
Teatro Astral Durazno 1480 Esq Andrés Martínez Trueba.
Martes 14 de Setiembre 19 hs.
PUESTA AL DIA EN DERECHOS HUMANOS
Habla el senador Oscar López Goldaracena.
Actúa Falta y Resto.
Independientes por Derechos Humanos del Frente Amplio.
Espacio por los Pueblos Libres
SI! Seguimos
Teatro Astral Durazno 1480 Esq Andrés Martínez Trueba.
Martes 14 de Setiembre 19 hs.
jueves, 9 de septiembre de 2010
Noticias sobre Caducidad (tomado de la Diaria)
De acá no sale
Presidencia no será quien envíe al Parlamento interpretación de la Ley de Caducidad porque tiene “observaciones jurídicas”
Los reparos fueron esgrimidos hace una semana durante la reunión entre el canciller Luis Almagro e integrantes de la comisión de trabajo del Frente Amplio (FA) que elaboró la iniciativa. Desde la comisión afirmaron a la diaria que aún no tienen comunicación formal desde Presidencia, pero que la decisión de enviar el texto al Poder Legislativo está tomada y cuenta con el respaldo político de Almagro.
El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, adelantó ayer a la diaria que el Ejecutivo está en sintonía con las razones políticas del proyecto pero que “le merece observaciones desde el punto de vista jurídico”. Por ese motivo, explicó: “Presidencia no va a plantearlo como una iniciativa propia, sin perjuicio de coincidir con el objetivo político”. Consultado sobre cuáles son las objeciones que ameritan que el presidente José Mujica no firme el proyecto de ley, el jerarca prefirió no dar detalles.
Los integrantes de la comisión consultados por la diaria declararon no tener noticias desde el encuentro con Almagro y que estaban “formalmente” a la espera de un pronunciamiento. “La comisión del FA buscó un mecanismo que fuera jurídicamente correcto y creo que lo encontramos. El trabajo dio como resultado una redacción de absoluto consenso. Un acuerdo total”, enfatizaron. Y aclararon que la redacción que respaldó “la Mesa Política es la definitiva”.
La última semana de julio, cuando la comisión aún estaba trabajando en la iniciativa, cancillería reveló que haría llegar un proyecto al Parlamento. Posteriormente, el 16 de agosto, la Mesa Política del FA aprobó el texto elaborado en la comisión. Así lo difundió tras la sesión el presidente de la fuerza política, Jorge Brovetto, quien durante la conferencia de prensa remarcó que se llegaba a esa instancia luego de haber coordinado con Almagro y Breccia.
Vetar es otra historia
Frente a la posibilidad de que, basándose en las objeciones jurídicas, el Ejecutivo vete una eventual ley, Breccia declaró: “Si, como todo parece indicar, la fuerza política presenta el proyecto al Legislativo y éste prospera, Presidencia determinará en su momento qué hacer con la ley aprobada”. Sin embargo, subrayó que hay que tener “presente que, en general, Presidencia tiene una opinión contraria al veto”.
El articulado está orientado conceptualmente a interpretar la Constitución como forma de terminar con la vigencia de la Ley de Caducidad. “Los jueces deberán aplicar las normas internacionales en forma directa cuando se opongan directamente a normas internas. Sobre esa base se establece que toda acción judicial que haya sido suspendida por una decisión del Poder Ejecutivo podrá ser continuada por los jueces sin tomar en cuenta la decisión administrativa”, había explicado Daoiz Uriarte a la diaria (ver nota adjunta).
La exposición de motivos del proyecto tendría como eje los argumentos de la Suprema Corte de Justicia al declarar la inconstitucionalidad para el caso de Nibia Sabalsagaray, como una estrategia para evitar futuros recursos ante ese organismo. Las objeciones de carácter jurídico estuvieron sobre la mesa el miércoles, pero también desde la comisión mostraron reserva al momento de identificarlas. No obstante, aseguraron que la fuerza política continuará adelante: “El proyecto se va a mandar al Legislativo de todas formas. Y se hará con el respaldo de Almagro”, dijo uno de los miembros de la comisión, lo cual fue confirmado a la diaria por fuentes de cancillería.
Desde el FA, en tanto, recordaron que para trabajar se fijaron plazos lo más cortos posible teniendo en cuenta que en octubre se celebraría la audiencia única en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que la cancillería, en representación del Estado uruguayo, deberá responder por la demanda por denegación de justicia para investigar la desaparición forzada de María Claudia García, presentada por su hija, Macarena Gelman, y su suegro, Juan Gelman.
Lourdes Rodríguez
Presidencia no será quien envíe al Parlamento interpretación de la Ley de Caducidad porque tiene “observaciones jurídicas”
Los reparos fueron esgrimidos hace una semana durante la reunión entre el canciller Luis Almagro e integrantes de la comisión de trabajo del Frente Amplio (FA) que elaboró la iniciativa. Desde la comisión afirmaron a la diaria que aún no tienen comunicación formal desde Presidencia, pero que la decisión de enviar el texto al Poder Legislativo está tomada y cuenta con el respaldo político de Almagro.
El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, adelantó ayer a la diaria que el Ejecutivo está en sintonía con las razones políticas del proyecto pero que “le merece observaciones desde el punto de vista jurídico”. Por ese motivo, explicó: “Presidencia no va a plantearlo como una iniciativa propia, sin perjuicio de coincidir con el objetivo político”. Consultado sobre cuáles son las objeciones que ameritan que el presidente José Mujica no firme el proyecto de ley, el jerarca prefirió no dar detalles.
Los integrantes de la comisión consultados por la diaria declararon no tener noticias desde el encuentro con Almagro y que estaban “formalmente” a la espera de un pronunciamiento. “La comisión del FA buscó un mecanismo que fuera jurídicamente correcto y creo que lo encontramos. El trabajo dio como resultado una redacción de absoluto consenso. Un acuerdo total”, enfatizaron. Y aclararon que la redacción que respaldó “la Mesa Política es la definitiva”.
La última semana de julio, cuando la comisión aún estaba trabajando en la iniciativa, cancillería reveló que haría llegar un proyecto al Parlamento. Posteriormente, el 16 de agosto, la Mesa Política del FA aprobó el texto elaborado en la comisión. Así lo difundió tras la sesión el presidente de la fuerza política, Jorge Brovetto, quien durante la conferencia de prensa remarcó que se llegaba a esa instancia luego de haber coordinado con Almagro y Breccia.
Vetar es otra historia
Frente a la posibilidad de que, basándose en las objeciones jurídicas, el Ejecutivo vete una eventual ley, Breccia declaró: “Si, como todo parece indicar, la fuerza política presenta el proyecto al Legislativo y éste prospera, Presidencia determinará en su momento qué hacer con la ley aprobada”. Sin embargo, subrayó que hay que tener “presente que, en general, Presidencia tiene una opinión contraria al veto”.
El articulado está orientado conceptualmente a interpretar la Constitución como forma de terminar con la vigencia de la Ley de Caducidad. “Los jueces deberán aplicar las normas internacionales en forma directa cuando se opongan directamente a normas internas. Sobre esa base se establece que toda acción judicial que haya sido suspendida por una decisión del Poder Ejecutivo podrá ser continuada por los jueces sin tomar en cuenta la decisión administrativa”, había explicado Daoiz Uriarte a la diaria (ver nota adjunta).
La exposición de motivos del proyecto tendría como eje los argumentos de la Suprema Corte de Justicia al declarar la inconstitucionalidad para el caso de Nibia Sabalsagaray, como una estrategia para evitar futuros recursos ante ese organismo. Las objeciones de carácter jurídico estuvieron sobre la mesa el miércoles, pero también desde la comisión mostraron reserva al momento de identificarlas. No obstante, aseguraron que la fuerza política continuará adelante: “El proyecto se va a mandar al Legislativo de todas formas. Y se hará con el respaldo de Almagro”, dijo uno de los miembros de la comisión, lo cual fue confirmado a la diaria por fuentes de cancillería.
Desde el FA, en tanto, recordaron que para trabajar se fijaron plazos lo más cortos posible teniendo en cuenta que en octubre se celebraría la audiencia única en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que la cancillería, en representación del Estado uruguayo, deberá responder por la demanda por denegación de justicia para investigar la desaparición forzada de María Claudia García, presentada por su hija, Macarena Gelman, y su suegro, Juan Gelman.
Lourdes Rodríguez
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