De plebiscitos, valores y disciplina partidaria. por Gabriel Sere

Comparto lo que ha escrito Gabriel Seré, sobre el tema de Ley de Caducidad.
Aprovecho para complementar con un aspecto que me parece importante resaltar.
Porqué hubo un plebiscito para reformar la Constitución incorporando un artículo que estableciera la nulidad de la Ley de Caducidad.?

Una ley, que habia sido votada por el parlamento de 1986, catalogada como horror jurídico, cuya inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de la época no se pudo declarar por 3 votos a favor y dos en contra en una acción presentada y que a la fecha de hoy por unanimidad se logró declarar inconstitucional para el caso concreto de Nibia Sabalzagaray, seguía vigente. Produciendo sus efectos de impunidad.
Según el Presidente del FA ninguno de los legisladores estaba a favor de ese mamarachezco, injusto e indigno instrumento jurídico, PERO TAMPOCO ESTABA EN LA AGENDA POLITICA DE LA FUERZA POLITICA PARA REMOVERLA EN EL PERIODO, Y QUIZÁS TAMPOCO EN EL SIGUIENTE (Así nos lo expresó el Ing. Brovetto). Había que poner el tema en la agenda política de la Fuerza y luego del Parlamento. Cosa que pasado un tiempo no ocurría. Por ello nos enfrascamos, a nivel de la Comisión por la Anulación de la Ley de Caducidad, de encontrar una vía alternativa a la que originalmente se pretendía (la natural de un parlamento sensible que conocía como lo hicimos todos, que en el Uruguay aprecieron dos cuerpos de dos compañeros que se encontraban desaparecidos, habian sido torturados y estaban enterrados en predios militares o que habian estado vinculados a los militares durante la dictadura CIVICO MILITAR). La mentira repetida durante décadas que en el Uruguay no había desaprecidos, no habia torturados, no había enterramientos había caído. Pese a ello no hubo reacción y los parlamentarios siguieron sosteniendo la ley de impunidad con su inacción.
Fue por ello que luego de mucho intercambio, análisis, consulta, se decidió ir por una vía paralela. Proponer a la ciudadanía una reforma constitucional por iniciativa popular, que anulara esa horrenda norma legal.
Y a ello nos embarcamos, pese a la falta de apoyo político, principalmente de la Fuerza Política FA.
La ciudadanía llegó a casi 1.200 mil votos por el SI, pero no fue suficiente. Y bueno no salió la reforma constitucional. No voy a detenerme en las consideraciones que bien formula Gabriel Seré sobre alguno de los aspectos por los cuales ese pronunciamiento no es una ratificación, de la ley o de nada.
Eso no invalida la acción del Parlamento, eso no invalidad ir nuevamente por el mismo procedimiento para proponer otra acción.
De la misma forma que se tuvo que decidir una alternativa, porque el tema de la ley de impunidad no estaba en la Agenda del FA en aquél entonces, luego el Programa incluyó eliminar esta ley del ordenamiento jurídico y la ciudadanía voto en forma mayoritaria ese programa.
Otrosí digo, se pensó en aquel entonces agregar algunos otros puntos de modificación de nuestra constitución vinculada con los DD.HH. para que fuera más explicita su redacción y no hubiera que hacer interpretaciones. Pero se consideró que eso iba a afectar el objetivo claro y preciso que era remover la ley de impunidad, que es un pilar de la cultura de la impunidad.

Fernando Schreiber




De plebiscitos, valores y disciplina partidaria.
En el camino de la anulación de la Ley de Caducidad.

La situación que se ha generado por la próxima votación del proyecto de anulación de la Ley de Caducidad en el Senado nos merece algunas reflexiones.

En primer lugar es necesario constatar que este proyecto de ley no contradice el resultado del plebiscito de octubre de 2009. En aquel plebiscito los únicos que se expresaron en forma explícita fueron los que votaron la papeleta del SI. Resulta antojadizo interpretar que el resto de la ciudadanía apoya la Ley de Caducidad. Tiene tanto valor como afirmar que quienes no concurren a una manifestación del 20 de mayo también apoyan esa ley. Sería verdaderamente antidemocrático actuar legislativamente en base a esa fundamentación.

Por otra parte es de toda lógica afirmar que la ciudadanía lo que desea es que esa ley sea anulada y por eso le dió la mayoría al Frente Amplio, única fuerza que decidió incluir la anulación de esa norma en su programa de gobierno.

Lo importante a considerar es que la Ley de Caducidad es contraria a principios constitucionales fundamentales y a derechos inalienables del ser humano, como el derecho a la vida y el derecho a no ser torturado ni desaparecido. La única forma de hacer valer efectivamente esos derechos en una sociedad democrática es garantizando que la justicia pueda actuar libremente cuando esos derechos son lesionados. De lo contrario se convierten en derechos vacíos, escritos pero no respetados.

Para el Frente Amplio, votar la anulación de la Ley de Caducidad en el Parlamento es entonces una obligación ética, un imperativo moral y un deber partidario. La decisión de mandatar a sus legisladores para votar el proyecto de anulación es coherente con esto. Quien no acate ese mandato estará oponiéndose a los principios fundacionales del Frente Amplio, a sus estatutos, a sus valores ideológicos y a su programa de gobierno.

Los legisladores frenteamplistas no son dueños de sus bancas. Ellos representan al Frente Amplio y no solo deben cumplir con el programa de gobierno sino que también deben respetar las decisiones que el Frente Amplio adopta democráticamente. Más aún, deben hacer todo lo posible para que los objetivos que se plantea alcancen su mayor éxito, de lo contrario estarán traicionando a su fuerza política.

El Uruguay será mejor sin la Ley de Caducidad. Su anulación será un avance fundamental en el camino de la construcción de una sociedad más justa y más democrática.

Gabriel Seré
Octubre de 2010.