Nueva instancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Nuestro país sigue sumando reclamos de responsabilidad por la violación de los DD.HH. Una nueva causa ante la corte, habilitada por la Comisión Interamericana. Esta vez con relación a los ahorristas que tenían sus fondos depositados en el Banco de Montevideo y que directa o indirectamente fueron constituidos en el TCB de las islas Cayman. Sin tocar para nada la cuestión de fondo del asunto, esto es si quienes tenian depósitos fueron engañados o no, preocupa que nuestro país que permanentemente recalca el cumplimiento irrestricto de sus compromisos internacionales, siga acumulando incumplimientos a sus obligaciones para con los Tratados Internacionales y no solo a éstos, sino a los derechos para con sus nacionales, a quienes le debe protección.

F.S.





Dictamen favorable a ahorristas del TCB en la OEA
Llevan reclamo a la Corte con aval de comisión de DD.HH.


Ocho años más tarde, el reclamo de más de 700 ahorristas del Trade & Commerce Bank del Grupo Velox -que realizaron colocaciones a través del Banco de Montevideo- se ventilará en la Corte Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA). El reclamo tuvo el pronunciamiento favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ese organismo que pidió a la Corte internacional que el Estado uruguayo los indemnice.

Esa comisión reclamó a la Corte "que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación" de varios derechos humanos. Sostuvo que "el Estado uruguayo es responsable por su falta en proporcionar a las víctimas una audiencia imparcial para sus reclamos ante la Comisión Asesora (N. de R. del Banco Central) o ante el Tribunal Contencioso Administrativo y violó el derecho a las garantías judiciales establecidas en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas".

Estableció asimismo que el Estado uruguayo "no proporcionó un recurso sencillo y rápido para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa ante sí y violó el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas".

El reclamo fue encabezado por la escribana Alicia Barbani y entre quienes lo suscriben como damnificados está el fallecido jurista Héctor Gros Espiel y el actual secretario general de OSE, Daoiz Uriarte.

El dictamen de la comisión establece que la Comisión Asesora autorizó al menos 22 casos de depositantes del TCB a recibir las compensaciones de los depositantes tradicionales del Banco de Montevideo que estaban en condiciones similares a los de los reclamantes, aplicando criterios discriminatorios en la evaluación del consentimiento para realizar las colocaciones en la institución financiera off shore con sede en Islas Cayman del Grupo Velox. En la mayoría de estos casos la Comisión Asesora permitió a los reclamantes aportar nueva información, básicamente testimonios de ex funcionarios del Banco de Montevideo que, según el organismo de la OEA, fue ambigua en muchos casos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte de la OEA que "ordene al Estado uruguayo: a) pagar una indemnización compensatoria apropiada del daño sufrido por las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana declaradas en perjuicio de las víctimas identificadas en el informe de fondo y la presente demanda; b) Establecer un mecanismo idóneo y efectivo para que las personas identificadas como víctimas en el presente caso y los otros miembros del grupo de más de 1,400 personas puedan acudir y tener la posibilidad de acreditar si reúnen los criterios de la legislación aplicable para recibir la compensación prevista de conformidad con la Ley 17.613; y c. Otorgar a las víctimas una indemnización por concepto de las costas y gastos del litigio, a nivel nacional e internacional".


El País Digital