Es interesante analizar el contenido de este artículo, publicado en Brecha, donde aparecen las consideraciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el concepto de reparación.
Haciendo de lado el caso concreto, es interesante hacer el ejercicio de la reparación in totum para las victimas del terrorismo de Estado, desaparecidos, torturados, secuestrados, etc.
Si en el caso informado podría haber millones de dólares que el pueblo uruguayo tiene que pagar, cuanto más debería pagar a los miles de uruguayos damnificados por la Dictadura, por daño físico, daño moral, lucro cesante y cuanta cosa se nos pueda ocurrir.
Sin embargo las víctimas del terrorismo de Estado siguen tratando de lograr una reparación integral, que incluya la desaparición de la horrenda ley de caducidad, ley de impunidad. Claro que también en esto se viene una condena internacional y seguramente una reclamación por daños y perjuicios.
Fernando Schreiber
Todos pagando. CIDH DEMANDA A URUGUAY POR AHORRISTAS DAMNIFICADOS EN 2002
Es factible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado
por no haber devuelto a los ahorristas el dinero que fue colocado en el tcb de
Islas Caimán. La sociedad deberá desembolsar más de 100 millones de dólares.
Walter Pernas
El Estado uruguayo afronta una situación extremadamente compleja ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la demanda entablada por un grupo
de ahorristas -encabezado por la escribana Alicia Barbani- que no recuperó el
dinero de sus cuentas tras la debacle en 2002 del Banco Montevideo, propiedad de
la familia Peirano.
La sociedad uruguaya seguramente deberá desembolsar más de 100 millones de
dólares para resolver la situación, puesto que la CIDH le ha dado la razón a los
ahorristas afectados y demandó al Estado uruguayo. Tal escrito -al que accedió
Brecha- recuerda que en virtud de la jurisprudencia de la Corte, "es un
principio de derecho internacional que toda violación a una obligación
internacional que haya causado un daño, genera una obligación de proporcionar
una reparación adecuada".
Así, la cidh presentó su posición sobre "las reparaciones y costas a cargo del
Estado uruguayo como consecuencia de su responsabilidad por las violaciones
cometidas en perjuicio de la parte lesionada ". La CIDH señala que el Estado
uruguayo es "responsable por su falta en proporcionar a las víctimas una
audiencia imparcial para sus reclamos" ante la comisión asesora que estudiaba a
cuáles ahorristas se les devolvería el dinero y a cuáles no. Esto porque el
Estado entendió en su momento que muchos ahorristas habían aceptado la propuesta
del Banco Montevideo de invertir su dinero en cuentas del Trade and Commerce
Bank (TCB) de Islas Caimán, a un mayor interés que el local. El estudio fue
engorroso y no en todos los casos apareció documentación que acreditara el
consentimiento de los ahorristas para que sus dineros fueran al tcb . No se
suelen dejar pruebas documentales de una actividad ilegal.
La CIDH también afirma que los ahorristas no tuvieron "audiencia imparcial" ante
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y por tanto se violó el derecho a
las garantías judiciales. Dijo además que el Estado "no proporcionó un recurso
sencillo y rápido para examinar las cuestiones de hecho y de derecho " y que por
ende violó el derecho de protección judicial.
REPARACIÓN. "La reparación del daño ocasionado por la infracción de una
obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución
(restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la
situación anterior a la violación ", señala la demanda. Pero aclara que si esto
no es posible, le corresponde a la Corte ordenar medidas que garanticen el
respeto de los derechos violados y reparen las consecuencias que produjeron las
infracciones, "efectuándose el pago de una indemnización como compensación por
los daños ocasionados". La CIDH entiende que "las reparaciones tienen el objeto
adicional, aunque no menos fundamental, de evitar y refrenar futuras
violaciones". Y explica que un Estado puede hacer frente a la responsabilidad
internacional en la que incurrió aplicando "medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y medidas de no repetición".
Recuerda que según la jurisprudencia internacional, al reparar a las víctimas se
debe contemplar que los daños materiales incluyen el daño emergente (afectación
patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos en relación con los
gastos de la parte lesionada al tratar de obtener justicia) y el lucro cesante;
pero también el daño inmaterial o moral "tanto para las víctimas como para su
núcleo familiar".
"Sin perjuicio de las pretensiones que presenten en el momento procesal oportuno
los representantes de las víctimas, la CIDH solicita a la Corte que fije en
equidad el monto de la indemnización correspondiente al daño emergente y lucro
cesante, en uso de sus amplias facultades en esta materia", y recuerda que el
daño inmaterial puede comprender tanto "los sufrimientos y las aflicciones
causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy
significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no
pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia". La
CIDH también solicita a la Corte que ordene al Estado "pagar una indemnización
compensatoria apropiada " por el daño sufrido al ser violados -según la demandalos
artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Entre las medidas de reparación solicitadas, la CIDH entiende que el Estado
uruguayo debería establecer "un mecanismo idóneo y efectivo para que las
personas identificadas como víctimas en el presente caso y los otros miembros
del grupo de más de 1.400 personas puedan acudir y tener la posibilidad de
acreditar si reúnen los criterios de la legislación aplicable para recibir la
compensación prevista de conformidad con la ley 17.613 ". El documento aclara
que los beneficiarios de las reparaciones deberán ser "las personas identificadas
como cuenta habientes de 708 cuentas de ahorro" que figuran en la demanda que
originalmente llegó a la CIDH.
Los certificados de depósitos en el TCB en el año 2002 llegaban a 97 millones de
dólares. Teniendo en cuenta esta suma y las indemnizaciones solicitadas por la
CIDH, es posible que la sociedad uruguaya deba desembolsar un monto muy superior
a ése para resolver el asunto, como reafirmación de que aún se mantienen los
coletazos de la crisis iniciada durante el gobierno de Jorge Batlle.
miércoles, 28 de julio de 2010
domingo, 25 de julio de 2010
Reforma del Estado
Comunistas y Mujica con visiones opuestas sobre reforma del Estado
Interna. PCU dice que propuesta de Mujica no respeta al Congreso del FA
J.L. AGUIAR
El principal aliado con que contaba Mujica para encarar la reforma del Estado no respalda las iniciativas que acaba de presentar el Presidente. El Partido Comunista considera que, tal como está diseñada, "esta reforma no sirve para nada".
"El Estado debe ser controlador, impulsor e inversionista de la economía, así como regulador de la actividad privada... Se trata de construir un Estado de nuevo tipo, al servicio de otro bloque de poder".
Esas ideas, que están incluidas en el actual programa de gobierno del Frente Amplio, son las que deberían impregnar la reforma del Estado, a juicio de la dirigencia del Partido Comunista. El borrador de reforma presentado la pasada semana por el Presidente José Mujica "no contiene nada de esto y está mal encaminado", dijo el secretario de organización del PCU, Carlos Tutzó.
La opinión de los comunistas sobre este proyecto insignia del gobierno es relevante: aun antes de las elecciones, Mujica había consignado que no era posible ninguna reforma en el Estado sin el apoyo de un partido que tiene un fuerte peso en los sindicatos y en las organizaciones de base del Frente. Pero, a tenor de lo que indicaron las fuentes consultadas, el principal aliado que tuvo Mujica en la campaña electoral no está dispuesto a acompañar esta reforma, sino otra bien distinta.
"Hemos leído el borrador y hay ideas, al comienzo del texto, que compartimos, cuando se expresa que `el fortalecimiento institucional del Estado constituye un proceso de transformación fundamental en el camino que transita la sociedad uruguaya hacia niveles más altos de desarrollo económico y social`. Pero de ahí en adelante, nada tiene que ver con lo que se aprobó en el Congreso del FA", dijo Tutzó.
Para él, ese borrador debería denominarse `Ejes de las relaciones laborales del Estado con sus trabajadores`, porque "es a eso a lo que apunta: sólo habla de la relación con los empleados. Pareciera que el problema son los trabajadores estatales, y no el Estado en sí", afirmó.
ESPÍRITU DIFERENTE. Para Tutzó, el gobierno no ha propuesto "una reforma del Estado" tal como la aprobó, por abrumadora mayoría, el último Congreso del Frente, "que dedicó un buen espacio a discutir la llamada Transformación Democrática del Estado", con un espíritu muy diferente.
"El Congreso diseñó una reforma que contiene varios puntos no contemplados por el gobierno, entre otros, que el Estado debe ser controlador, generador, impulsor e inversionista de la economía".
El PCU también postula, "como lo aprobó el Congreso", la creación de entes testigo en las áreas donde hoy no tiene participación y el control obrero a través de la cogestión de los entes.
"Si el Estado que se pretende cambiar continúa siendo una maquinaria para asegurar el dominio de la oligarquía, esta reforma no sirve para nada", asegura Tutzó.
HORARIOS. La vinculación laboral con el Estado, en la que el borrador pone énfasis, es para Tutzó un tema "menor" y "accesorio", y le llama la atención el proyecto de establecer `horarios mínimos de asistencia al trabajo` que "no sé si se incluyó por error o ignorancia de la realidad, porque los trabajadores cumplen horarios hoy día".
"No es nuestro propósito meternos en estos temas, que creemos accesorios. Estamos dispuestos, sí, a discutir lo central; esto es: para qué queremos el Estado y cómo lo vamos a transformar, junto a los trabajadores, al servicio del cambio".
equiparación salarial. A pesar de las discrepancias, los comunistas están abiertos a la discusión. "Esto recién empieza, iremos viendo qué pasa en el transcurso del tiempo", dice Tutzó.
En algunos puntos del borrador que hacen referencias concretas a aspectos laborales y salariales, el Partido Comunista entiende que "hay que darle participación a los funcionarios en una discusión previa, para que los conceptos se aclaren antes de salir a la luz pública".
El diseño que se plantea en el borrador de "una nueva escala salarial donde el grueso de la remuneración refleje el nivel de complejidad de la tarea y el nivel de responsabilidad asociada a ella", hay que estudiarlo, dice.
"Ahí los sindicatos tienen una vieja reivindicación que es la de equiparar los sueldos con la función: a igual tarea e igual horario debe corresponder la misma remuneración", afirma Tutzó. "Hoy hay empleados públicos que cobran hasta 20 veces más que otros con el mismo grado y dedicación horaria, y esas desigualdades hay que corregirlas".
¿Cómo?
"Equiparando para arriba, desde luego; no para abajo", dice Tutzó; "y el Estado tendrá que hacer un esfuerzo presupuestal en ese sentido, porque los sueldos no pueden bajarse".
Para Tutzó, el ingreso de nuevos funcionarios al Estado no constituyen el centro del problema.
"No queremos un Estado grande ni chico; queremos un Estado al servicio del pueblo. Hay lugares del Estado donde hacen falta más trabajadores, y otros donde quizás haya más de los necesarios. La dimensión del Estado debe corresponder al rol que deseamos que tenga".
El País Digital
Interna. PCU dice que propuesta de Mujica no respeta al Congreso del FA
J.L. AGUIAR
El principal aliado con que contaba Mujica para encarar la reforma del Estado no respalda las iniciativas que acaba de presentar el Presidente. El Partido Comunista considera que, tal como está diseñada, "esta reforma no sirve para nada".
"El Estado debe ser controlador, impulsor e inversionista de la economía, así como regulador de la actividad privada... Se trata de construir un Estado de nuevo tipo, al servicio de otro bloque de poder".
Esas ideas, que están incluidas en el actual programa de gobierno del Frente Amplio, son las que deberían impregnar la reforma del Estado, a juicio de la dirigencia del Partido Comunista. El borrador de reforma presentado la pasada semana por el Presidente José Mujica "no contiene nada de esto y está mal encaminado", dijo el secretario de organización del PCU, Carlos Tutzó.
La opinión de los comunistas sobre este proyecto insignia del gobierno es relevante: aun antes de las elecciones, Mujica había consignado que no era posible ninguna reforma en el Estado sin el apoyo de un partido que tiene un fuerte peso en los sindicatos y en las organizaciones de base del Frente. Pero, a tenor de lo que indicaron las fuentes consultadas, el principal aliado que tuvo Mujica en la campaña electoral no está dispuesto a acompañar esta reforma, sino otra bien distinta.
"Hemos leído el borrador y hay ideas, al comienzo del texto, que compartimos, cuando se expresa que `el fortalecimiento institucional del Estado constituye un proceso de transformación fundamental en el camino que transita la sociedad uruguaya hacia niveles más altos de desarrollo económico y social`. Pero de ahí en adelante, nada tiene que ver con lo que se aprobó en el Congreso del FA", dijo Tutzó.
Para él, ese borrador debería denominarse `Ejes de las relaciones laborales del Estado con sus trabajadores`, porque "es a eso a lo que apunta: sólo habla de la relación con los empleados. Pareciera que el problema son los trabajadores estatales, y no el Estado en sí", afirmó.
ESPÍRITU DIFERENTE. Para Tutzó, el gobierno no ha propuesto "una reforma del Estado" tal como la aprobó, por abrumadora mayoría, el último Congreso del Frente, "que dedicó un buen espacio a discutir la llamada Transformación Democrática del Estado", con un espíritu muy diferente.
"El Congreso diseñó una reforma que contiene varios puntos no contemplados por el gobierno, entre otros, que el Estado debe ser controlador, generador, impulsor e inversionista de la economía".
El PCU también postula, "como lo aprobó el Congreso", la creación de entes testigo en las áreas donde hoy no tiene participación y el control obrero a través de la cogestión de los entes.
"Si el Estado que se pretende cambiar continúa siendo una maquinaria para asegurar el dominio de la oligarquía, esta reforma no sirve para nada", asegura Tutzó.
HORARIOS. La vinculación laboral con el Estado, en la que el borrador pone énfasis, es para Tutzó un tema "menor" y "accesorio", y le llama la atención el proyecto de establecer `horarios mínimos de asistencia al trabajo` que "no sé si se incluyó por error o ignorancia de la realidad, porque los trabajadores cumplen horarios hoy día".
"No es nuestro propósito meternos en estos temas, que creemos accesorios. Estamos dispuestos, sí, a discutir lo central; esto es: para qué queremos el Estado y cómo lo vamos a transformar, junto a los trabajadores, al servicio del cambio".
equiparación salarial. A pesar de las discrepancias, los comunistas están abiertos a la discusión. "Esto recién empieza, iremos viendo qué pasa en el transcurso del tiempo", dice Tutzó.
En algunos puntos del borrador que hacen referencias concretas a aspectos laborales y salariales, el Partido Comunista entiende que "hay que darle participación a los funcionarios en una discusión previa, para que los conceptos se aclaren antes de salir a la luz pública".
El diseño que se plantea en el borrador de "una nueva escala salarial donde el grueso de la remuneración refleje el nivel de complejidad de la tarea y el nivel de responsabilidad asociada a ella", hay que estudiarlo, dice.
"Ahí los sindicatos tienen una vieja reivindicación que es la de equiparar los sueldos con la función: a igual tarea e igual horario debe corresponder la misma remuneración", afirma Tutzó. "Hoy hay empleados públicos que cobran hasta 20 veces más que otros con el mismo grado y dedicación horaria, y esas desigualdades hay que corregirlas".
¿Cómo?
"Equiparando para arriba, desde luego; no para abajo", dice Tutzó; "y el Estado tendrá que hacer un esfuerzo presupuestal en ese sentido, porque los sueldos no pueden bajarse".
Para Tutzó, el ingreso de nuevos funcionarios al Estado no constituyen el centro del problema.
"No queremos un Estado grande ni chico; queremos un Estado al servicio del pueblo. Hay lugares del Estado donde hacen falta más trabajadores, y otros donde quizás haya más de los necesarios. La dimensión del Estado debe corresponder al rol que deseamos que tenga".
El País Digital
Monitoreo conjunto en el Río Uruguay aún sin Acuerdo
Montevideo COMM, actualizado: 24/07/2010
Postergan reunión por falta de acuerdo
Los representantes de Argentina y Uruguay postergaron el encuentro previsto para este viernes porque delegaciones de ambos países no lograron un acuerdo final sobre el monitoreo. Quedó definido que se controlará dentro de la planta de UPM y también en todas las que estén instaladas a ambas márgenes del río. Resta concretar quiénes se encargarán de esos controles.
Postergan reunión por falta de acuerdo
La reunión entre Luis Almagro y Héctor Timerman, prevista para este viernes, se postergó después que delegaciones de ambos países no lograran un acuerdo final sobre el monitoreo.
Según informó radio El Espectador los aspectos jurídicos quedaron definidos. La traba actual está en determinar quiénes van a ingresar a realizar los controles en la planta de UPM. En este sentido se aclaró que se busca que sean personas vinculadas a la ciencia pero que tengan cierto grado de imparcialidad, esto es, que no se relacionen con ninguno de los dos países.
En ese mismo sentido se expresó el vicecanciller, Roberto Conde, confirmando que el acuerdo "incluye a la planta de UPM" pero el alcance comprende además "a la cuenca de todo el río". En declaraciones a canal 10 agregó que "la ciencia tiene que actuar con autonomía en representación de la ciencia misma, más allá de representar a los países".
Por su parte, el canciller Héctor Timerman también hizo declaraciones en esa línea. A través de su Twitter dijo en forma reiterada que "la posición argentina sigue en pie: Acceso irrestricto de Comisión Científica a todas las plantas en ambas márgenes del Río, incluyendo Botnia". Esto incluye a "todos los establecimientos industriales y agropecuarios", tal como detalló en un comentario anterior.
Más temprano el representante argentino negó que el acuerdo estuviera cerrado. Además aseguró que "desde el inicio del diferendo siempre hemos dicho que estamos hablando de un tema de control ambiental. Sigo pensando igual. No es un problema político y no debemos politizarlo".
Montevideo Portal
Postergan reunión por falta de acuerdo
Los representantes de Argentina y Uruguay postergaron el encuentro previsto para este viernes porque delegaciones de ambos países no lograron un acuerdo final sobre el monitoreo. Quedó definido que se controlará dentro de la planta de UPM y también en todas las que estén instaladas a ambas márgenes del río. Resta concretar quiénes se encargarán de esos controles.
Postergan reunión por falta de acuerdo
La reunión entre Luis Almagro y Héctor Timerman, prevista para este viernes, se postergó después que delegaciones de ambos países no lograran un acuerdo final sobre el monitoreo.
Según informó radio El Espectador los aspectos jurídicos quedaron definidos. La traba actual está en determinar quiénes van a ingresar a realizar los controles en la planta de UPM. En este sentido se aclaró que se busca que sean personas vinculadas a la ciencia pero que tengan cierto grado de imparcialidad, esto es, que no se relacionen con ninguno de los dos países.
En ese mismo sentido se expresó el vicecanciller, Roberto Conde, confirmando que el acuerdo "incluye a la planta de UPM" pero el alcance comprende además "a la cuenca de todo el río". En declaraciones a canal 10 agregó que "la ciencia tiene que actuar con autonomía en representación de la ciencia misma, más allá de representar a los países".
Por su parte, el canciller Héctor Timerman también hizo declaraciones en esa línea. A través de su Twitter dijo en forma reiterada que "la posición argentina sigue en pie: Acceso irrestricto de Comisión Científica a todas las plantas en ambas márgenes del Río, incluyendo Botnia". Esto incluye a "todos los establecimientos industriales y agropecuarios", tal como detalló en un comentario anterior.
Más temprano el representante argentino negó que el acuerdo estuviera cerrado. Además aseguró que "desde el inicio del diferendo siempre hemos dicho que estamos hablando de un tema de control ambiental. Sigo pensando igual. No es un problema político y no debemos politizarlo".
Montevideo Portal
viernes, 23 de julio de 2010
La Colonia Echepare - tomado de Ultimas Noticias
"El loco de los locos"
Colonia Echepare es un Campo de Concentración
caos en nosocomios de la salud mental en Uruguay
Nº 390 - 23 de julio de 2010 - Año
SACERDOTE DENUNCIÓ A LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN EN EL PARLAMENTO
URUGUAY: Párroco compara la Etchepare con "campo de concentración"
Colonia Etchepare.
El sacerdote Moreira describió una situación dramática.
El cura párroco de Santa Lucía, José Moreira, denunció en el Parlamento que la Colonia Etchepare es como un "campo de concentración" en el que la alimentación, la higiene y el abrigo son "pésimos".
Asimismo, habló de corrupción y de persecución política.
Al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes el pasado miércoles 21, el sacerdote afirmó que la Colonia Etchepare "es deshumanizante, a nadie le importa nada de la situación que viven estos pacientes. No hay baños ni higiene; la alimentación y el abrigo son pésimos".
En esa instancia, comparó la institución con un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial.
Moreira denunció también omisiones graves en la asistencia médica.
"Murieron dos pacientes, con quince días de diferencia. Una era una ex funcionaria que trabajó treinta años en la institución, que murió a 25 metros de la policlínica donde estaba internada. Había desaparecido; le dieron de baja como 'fugada' y la encontraron, un mes después, a 25 metros de donde estaba internada.
El cuerpo estaba totalmente descompuesto, porque esto sucedió en verano.
Se trataba de una funcionaria que trabajó treinta años en la institución, que estaba mal psiquiátricamente, salió, se perdió y encontraron el cuerpo un mes después en los pastizales, y no sabían cómo identificarlo", contó el sacerdote en el Parlamento.
Además de este caso relató el de una paciente procedente de una casa de salud de Santa Lucía que fue llevada un viernes para realizarle estudios y en el correr del fin de semana se "pierde". La mujer fue declarada como "fugada". La familia que había ido a visitarla recorrió la zona y no la hallaron, a la semana también la encontraron, muerta detrás de la policlínica donde estaba internada.
"Mi mayor frustración es que esos pacientes morirán sin voz ni voto porque nadie intercede por ellos", señaló el cura.
Al director del complejo de Asistencia Psiquiátrica de Salud Pública, lo calificó de "trepador" y señaló que colocó a su mujer en la Administración de la Colonia "Santín Carlos Rossi" a "dedo" y además "propició otros acomodos".
"A mi casa llega un grupo de gente que es perseguida tanto por el señor director como por el subdirector, que es más un nazi que un director de una institución de salud", dijo.
En la Santín Carlos Rossi "pasan meses sin bañar a los pacientes. Es feo lo que voy a decir, pero una funcionaria me decía que existe la obligación de que un podólogo corte las uñas los pacientes, pero hoy las uñas de los pies miden varios centímetros.
Y a nadie le importa nada porque estamos sin cabeza. Allí no hay dirección, no hay coordinadores. No se cumple con los roles y las funciones. Es un estado total de decadencia", dijo.
Para el sacerdote la corrupción es generalizada. "En nuestro pueblo, aunque parezca mentira, hay más de cincuenta casas de salud. Yo estoy de acuerdo con que existan guardias sustitutos, siempre y cuando haya un plan de bienestar al paciente, pero no cuando se transforma ese hogar sustituto en un negociado.
Funcionarios de la colonia, a pesar de que está prohibido, tienen pacientes y abrieron casas de salud -por supuesto, no a su nombre, sino de un pariente-, y viven de la pensión de cada paciente, más la alimentación y la pensión de Salud Pública. Allí no se los visita, no hay quien controle", añadió.
El párroco auguró que por la condiciones de vida que tienen los pacientes es posible que se produzca un incendio como el de la cárcel de Rocha en el que murieron 12 personas.
Moreira subrayó que en la pasada administración recurrió a la ministra de Salud, María Julia Muñoz, y calificó el encuentro como "lamentable".
Luego el sacerdote apeló al director del Programa de Crónicos y Especializados (Osvaldo do Campo), quien después de visitar las Colonias "no quitó ni agregó nada de lo que denuncié por escrito". "No sé dónde golpear, porque hablé con todos: con los políticos, con la señora ministra, con el director del Programa de Crónicos y Especializados", afirmó párroco.
Sobre la inversión realizada en los establecimientos dijo: "Nunca me entró en la cabeza que se haya invertido U$S 2.500.000 en los grandes edificios -que tendrían que albergar a doscientos pacientes, pero no alojan ni a sesenta-, mientras el resto de las colonias se caen a pedazos; se llueven las salas".
El cura aseguró que cuenta con la documentación pertinente.
"EL DEMONIO DE LA COLONIA"
José Moreira, Cura Párroco de Santa Lucía, dijo que, a raíz de las denuncias que ha realizado, ha sufrido persecuciones por parte de autoridades de gobierno.
"El apodo que se me dio en el Ministerio de Salud Pública es 'el demonio de la Colonia Etchepare', subrayó
Según Moreira, la ex ministra María Julia Muñoz "llegó a acusarme de hacer uso de los bienes de la Colonia a favor de mi persona, y tuve que hacer un descargo". Moreira dijo que la jerarca era una "ignorante", porque quien es curador de los bienes de los pacientes es la misma Dirección.
"Ningún miembro del Patronato del Psicópata ni de la Comisión -yo era Presidente del Patronato en la Colonia y de la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras- jamás toca el dinero, quien lo toma, firma, paga y administra los bienes es el Director de la institución. Sucesivamente fue buscando elementos para hacerme un juicio, porque yo era un denunciante de la situación que se vivía en las Colonias", dijo.
El sacerdote lleva treinta años de trabajo y hace cuatro que no pisa la Colonia, pero afirmó que fue desplazado en forma progresiva.
El cura asegura que las denuncias judiciales no se producen porque tanto funcionarios como jerarcas "son cómplices unos de otros".
A San Francisco le decían "El loco de Dios"; yo soy "El loco de los locos" por amor a ellos. He querido dar la vida a esta gente; es difícil entenderlo para quien no lo vive.
23 de Julio de 2010, fuente Ultimas Noticias
Colonia Echepare es un Campo de Concentración
caos en nosocomios de la salud mental en Uruguay
Nº 390 - 23 de julio de 2010 - Año
SACERDOTE DENUNCIÓ A LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN EN EL PARLAMENTO
URUGUAY: Párroco compara la Etchepare con "campo de concentración"
Colonia Etchepare.
El sacerdote Moreira describió una situación dramática.
El cura párroco de Santa Lucía, José Moreira, denunció en el Parlamento que la Colonia Etchepare es como un "campo de concentración" en el que la alimentación, la higiene y el abrigo son "pésimos".
Asimismo, habló de corrupción y de persecución política.
Al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes el pasado miércoles 21, el sacerdote afirmó que la Colonia Etchepare "es deshumanizante, a nadie le importa nada de la situación que viven estos pacientes. No hay baños ni higiene; la alimentación y el abrigo son pésimos".
En esa instancia, comparó la institución con un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial.
Moreira denunció también omisiones graves en la asistencia médica.
"Murieron dos pacientes, con quince días de diferencia. Una era una ex funcionaria que trabajó treinta años en la institución, que murió a 25 metros de la policlínica donde estaba internada. Había desaparecido; le dieron de baja como 'fugada' y la encontraron, un mes después, a 25 metros de donde estaba internada.
El cuerpo estaba totalmente descompuesto, porque esto sucedió en verano.
Se trataba de una funcionaria que trabajó treinta años en la institución, que estaba mal psiquiátricamente, salió, se perdió y encontraron el cuerpo un mes después en los pastizales, y no sabían cómo identificarlo", contó el sacerdote en el Parlamento.
Además de este caso relató el de una paciente procedente de una casa de salud de Santa Lucía que fue llevada un viernes para realizarle estudios y en el correr del fin de semana se "pierde". La mujer fue declarada como "fugada". La familia que había ido a visitarla recorrió la zona y no la hallaron, a la semana también la encontraron, muerta detrás de la policlínica donde estaba internada.
"Mi mayor frustración es que esos pacientes morirán sin voz ni voto porque nadie intercede por ellos", señaló el cura.
Al director del complejo de Asistencia Psiquiátrica de Salud Pública, lo calificó de "trepador" y señaló que colocó a su mujer en la Administración de la Colonia "Santín Carlos Rossi" a "dedo" y además "propició otros acomodos".
"A mi casa llega un grupo de gente que es perseguida tanto por el señor director como por el subdirector, que es más un nazi que un director de una institución de salud", dijo.
En la Santín Carlos Rossi "pasan meses sin bañar a los pacientes. Es feo lo que voy a decir, pero una funcionaria me decía que existe la obligación de que un podólogo corte las uñas los pacientes, pero hoy las uñas de los pies miden varios centímetros.
Y a nadie le importa nada porque estamos sin cabeza. Allí no hay dirección, no hay coordinadores. No se cumple con los roles y las funciones. Es un estado total de decadencia", dijo.
Para el sacerdote la corrupción es generalizada. "En nuestro pueblo, aunque parezca mentira, hay más de cincuenta casas de salud. Yo estoy de acuerdo con que existan guardias sustitutos, siempre y cuando haya un plan de bienestar al paciente, pero no cuando se transforma ese hogar sustituto en un negociado.
Funcionarios de la colonia, a pesar de que está prohibido, tienen pacientes y abrieron casas de salud -por supuesto, no a su nombre, sino de un pariente-, y viven de la pensión de cada paciente, más la alimentación y la pensión de Salud Pública. Allí no se los visita, no hay quien controle", añadió.
El párroco auguró que por la condiciones de vida que tienen los pacientes es posible que se produzca un incendio como el de la cárcel de Rocha en el que murieron 12 personas.
Moreira subrayó que en la pasada administración recurrió a la ministra de Salud, María Julia Muñoz, y calificó el encuentro como "lamentable".
Luego el sacerdote apeló al director del Programa de Crónicos y Especializados (Osvaldo do Campo), quien después de visitar las Colonias "no quitó ni agregó nada de lo que denuncié por escrito". "No sé dónde golpear, porque hablé con todos: con los políticos, con la señora ministra, con el director del Programa de Crónicos y Especializados", afirmó párroco.
Sobre la inversión realizada en los establecimientos dijo: "Nunca me entró en la cabeza que se haya invertido U$S 2.500.000 en los grandes edificios -que tendrían que albergar a doscientos pacientes, pero no alojan ni a sesenta-, mientras el resto de las colonias se caen a pedazos; se llueven las salas".
El cura aseguró que cuenta con la documentación pertinente.
"EL DEMONIO DE LA COLONIA"
José Moreira, Cura Párroco de Santa Lucía, dijo que, a raíz de las denuncias que ha realizado, ha sufrido persecuciones por parte de autoridades de gobierno.
"El apodo que se me dio en el Ministerio de Salud Pública es 'el demonio de la Colonia Etchepare', subrayó
Según Moreira, la ex ministra María Julia Muñoz "llegó a acusarme de hacer uso de los bienes de la Colonia a favor de mi persona, y tuve que hacer un descargo". Moreira dijo que la jerarca era una "ignorante", porque quien es curador de los bienes de los pacientes es la misma Dirección.
"Ningún miembro del Patronato del Psicópata ni de la Comisión -yo era Presidente del Patronato en la Colonia y de la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras- jamás toca el dinero, quien lo toma, firma, paga y administra los bienes es el Director de la institución. Sucesivamente fue buscando elementos para hacerme un juicio, porque yo era un denunciante de la situación que se vivía en las Colonias", dijo.
El sacerdote lleva treinta años de trabajo y hace cuatro que no pisa la Colonia, pero afirmó que fue desplazado en forma progresiva.
El cura asegura que las denuncias judiciales no se producen porque tanto funcionarios como jerarcas "son cómplices unos de otros".
A San Francisco le decían "El loco de Dios"; yo soy "El loco de los locos" por amor a ellos. He querido dar la vida a esta gente; es difícil entenderlo para quien no lo vive.
23 de Julio de 2010, fuente Ultimas Noticias
martes, 20 de julio de 2010
Nueva instancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Nuestro país sigue sumando reclamos de responsabilidad por la violación de los DD.HH. Una nueva causa ante la corte, habilitada por la Comisión Interamericana. Esta vez con relación a los ahorristas que tenían sus fondos depositados en el Banco de Montevideo y que directa o indirectamente fueron constituidos en el TCB de las islas Cayman. Sin tocar para nada la cuestión de fondo del asunto, esto es si quienes tenian depósitos fueron engañados o no, preocupa que nuestro país que permanentemente recalca el cumplimiento irrestricto de sus compromisos internacionales, siga acumulando incumplimientos a sus obligaciones para con los Tratados Internacionales y no solo a éstos, sino a los derechos para con sus nacionales, a quienes le debe protección.
F.S.
Dictamen favorable a ahorristas del TCB en la OEA
Llevan reclamo a la Corte con aval de comisión de DD.HH.
Ocho años más tarde, el reclamo de más de 700 ahorristas del Trade & Commerce Bank del Grupo Velox -que realizaron colocaciones a través del Banco de Montevideo- se ventilará en la Corte Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA). El reclamo tuvo el pronunciamiento favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ese organismo que pidió a la Corte internacional que el Estado uruguayo los indemnice.
Esa comisión reclamó a la Corte "que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación" de varios derechos humanos. Sostuvo que "el Estado uruguayo es responsable por su falta en proporcionar a las víctimas una audiencia imparcial para sus reclamos ante la Comisión Asesora (N. de R. del Banco Central) o ante el Tribunal Contencioso Administrativo y violó el derecho a las garantías judiciales establecidas en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas".
Estableció asimismo que el Estado uruguayo "no proporcionó un recurso sencillo y rápido para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa ante sí y violó el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas".
El reclamo fue encabezado por la escribana Alicia Barbani y entre quienes lo suscriben como damnificados está el fallecido jurista Héctor Gros Espiel y el actual secretario general de OSE, Daoiz Uriarte.
El dictamen de la comisión establece que la Comisión Asesora autorizó al menos 22 casos de depositantes del TCB a recibir las compensaciones de los depositantes tradicionales del Banco de Montevideo que estaban en condiciones similares a los de los reclamantes, aplicando criterios discriminatorios en la evaluación del consentimiento para realizar las colocaciones en la institución financiera off shore con sede en Islas Cayman del Grupo Velox. En la mayoría de estos casos la Comisión Asesora permitió a los reclamantes aportar nueva información, básicamente testimonios de ex funcionarios del Banco de Montevideo que, según el organismo de la OEA, fue ambigua en muchos casos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte de la OEA que "ordene al Estado uruguayo: a) pagar una indemnización compensatoria apropiada del daño sufrido por las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana declaradas en perjuicio de las víctimas identificadas en el informe de fondo y la presente demanda; b) Establecer un mecanismo idóneo y efectivo para que las personas identificadas como víctimas en el presente caso y los otros miembros del grupo de más de 1,400 personas puedan acudir y tener la posibilidad de acreditar si reúnen los criterios de la legislación aplicable para recibir la compensación prevista de conformidad con la Ley 17.613; y c. Otorgar a las víctimas una indemnización por concepto de las costas y gastos del litigio, a nivel nacional e internacional".
El País Digital
F.S.
Dictamen favorable a ahorristas del TCB en la OEA
Llevan reclamo a la Corte con aval de comisión de DD.HH.
Ocho años más tarde, el reclamo de más de 700 ahorristas del Trade & Commerce Bank del Grupo Velox -que realizaron colocaciones a través del Banco de Montevideo- se ventilará en la Corte Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA). El reclamo tuvo el pronunciamiento favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ese organismo que pidió a la Corte internacional que el Estado uruguayo los indemnice.
Esa comisión reclamó a la Corte "que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación" de varios derechos humanos. Sostuvo que "el Estado uruguayo es responsable por su falta en proporcionar a las víctimas una audiencia imparcial para sus reclamos ante la Comisión Asesora (N. de R. del Banco Central) o ante el Tribunal Contencioso Administrativo y violó el derecho a las garantías judiciales establecidas en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas".
Estableció asimismo que el Estado uruguayo "no proporcionó un recurso sencillo y rápido para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa ante sí y violó el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas".
El reclamo fue encabezado por la escribana Alicia Barbani y entre quienes lo suscriben como damnificados está el fallecido jurista Héctor Gros Espiel y el actual secretario general de OSE, Daoiz Uriarte.
El dictamen de la comisión establece que la Comisión Asesora autorizó al menos 22 casos de depositantes del TCB a recibir las compensaciones de los depositantes tradicionales del Banco de Montevideo que estaban en condiciones similares a los de los reclamantes, aplicando criterios discriminatorios en la evaluación del consentimiento para realizar las colocaciones en la institución financiera off shore con sede en Islas Cayman del Grupo Velox. En la mayoría de estos casos la Comisión Asesora permitió a los reclamantes aportar nueva información, básicamente testimonios de ex funcionarios del Banco de Montevideo que, según el organismo de la OEA, fue ambigua en muchos casos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte de la OEA que "ordene al Estado uruguayo: a) pagar una indemnización compensatoria apropiada del daño sufrido por las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana declaradas en perjuicio de las víctimas identificadas en el informe de fondo y la presente demanda; b) Establecer un mecanismo idóneo y efectivo para que las personas identificadas como víctimas en el presente caso y los otros miembros del grupo de más de 1,400 personas puedan acudir y tener la posibilidad de acreditar si reúnen los criterios de la legislación aplicable para recibir la compensación prevista de conformidad con la Ley 17.613; y c. Otorgar a las víctimas una indemnización por concepto de las costas y gastos del litigio, a nivel nacional e internacional".
El País Digital
jueves, 15 de julio de 2010
Sobre los sucesos en la Carcel Departamental de Rocha
Repasando las noticias del día de hoy, una nota a familiares de las personas fallecidas que se encontraban detenidas en la Carcel Departamental de Rocha, manifestaban con mucha seriedad su exigencia de justicia, de determinación de las responsabilidades, de los responsables y que la justicia falle sobre el caso, condenando a quién haya tenido responsabilidad y haya cometido un delito. Comentaban que sus familiares se encontraban en esa Carcel por haber sido procesados con prisión por la comisión de alguna falta, causas diversas que los llevaron alli, pero que estaban para "rehabilitarse" y reinsertarse en la sociedad. Sinembargo murieron de una forma terrible.
Decian estos familiares que no les llegó una comunicación de ningún tipo sobre lo que aconteció, siquiera las condolencias. Que se enteraron por los medios de una disculpa del Presidente de la República formulada en una audición radial.
Sin entrar en el detalle de lo que se está investigando, no cabe la menor duda que hay una responsabilidad del Estado en tanto que se violan los DDHH por las condiciones en las que se encuentran los detenidos, por supuesto que no todos, pero la inmensa mayoría. Porque la inmensa mayoría está detenido sin condena y seguramente habrán cumplido su pena posible. Esto está dicho desde hace mucho tiempo por informes de autoridades relevantes internacionales. Dicho también por diversas personalidades y entidades en nuestro país.
Lo menos que puede hacerse en esta situación es afrontar a los familiares con la responsabilidad del caso, y hacer las comunicaciones y actos que correspondan. Estas personas estaban bajo la custodia y el control del Estado.
Nuestro Presidente no tiene que pedir Diculpas, tiene que asumir la responsabilidad de lo ocurrido. Eso no quiere decir que él y este nuevo gobierno sean responsables de la situación carcelaria actual, y de como se ha llegado a ella, pero es el Presidente y es la máxima autoridad nacional, y responsable de lo que ocurre durante su mandato.
No es la primera vez que nuestro Presidente habla de disculpas o de perdon. Como ciudadano no quiero que mi Presidente vaya pidiendo perdón o diculpas. Quiero que mi Presidente se haga responsable, de lo bueno y de lo malo. El punto es hacerse responsable, que está implícito, pero que es bueno hacerlo explícito de la forma que corresponda según la circunstancia y el caso.
Fernando Schreiber
Decian estos familiares que no les llegó una comunicación de ningún tipo sobre lo que aconteció, siquiera las condolencias. Que se enteraron por los medios de una disculpa del Presidente de la República formulada en una audición radial.
Sin entrar en el detalle de lo que se está investigando, no cabe la menor duda que hay una responsabilidad del Estado en tanto que se violan los DDHH por las condiciones en las que se encuentran los detenidos, por supuesto que no todos, pero la inmensa mayoría. Porque la inmensa mayoría está detenido sin condena y seguramente habrán cumplido su pena posible. Esto está dicho desde hace mucho tiempo por informes de autoridades relevantes internacionales. Dicho también por diversas personalidades y entidades en nuestro país.
Lo menos que puede hacerse en esta situación es afrontar a los familiares con la responsabilidad del caso, y hacer las comunicaciones y actos que correspondan. Estas personas estaban bajo la custodia y el control del Estado.
Nuestro Presidente no tiene que pedir Diculpas, tiene que asumir la responsabilidad de lo ocurrido. Eso no quiere decir que él y este nuevo gobierno sean responsables de la situación carcelaria actual, y de como se ha llegado a ella, pero es el Presidente y es la máxima autoridad nacional, y responsable de lo que ocurre durante su mandato.
No es la primera vez que nuestro Presidente habla de disculpas o de perdon. Como ciudadano no quiero que mi Presidente vaya pidiendo perdón o diculpas. Quiero que mi Presidente se haga responsable, de lo bueno y de lo malo. El punto es hacerse responsable, que está implícito, pero que es bueno hacerlo explícito de la forma que corresponda según la circunstancia y el caso.
Fernando Schreiber
sábado, 10 de julio de 2010
Sobre el Progresismo. (tomado de articulo del Observador)
"Lo único que puede generar una mejora sustancial de la condición social de los más desprotegidos es una combinación masiva de educación y asistencia social. Asistencia social para asegurar a las familias atención de la salud y condiciones decorosas de subsistencia, mientras educan a sus hijos con excelencia para un nuevo futuro. Eso puede tardar 10 o 20 años para producir efectos, pero no hay otra solución. Simplemente, no hay otro camino. Pero ese es un camino que la izquierda no puede recorrer."
Condiciones decorosas de subsistencia. Sacrificio de una generación o más para intentar que sus hijos o nietos gocen del beneficio de estudio para que puedan tener un nuevo futuro. Yo diría, sólo una oportunidad de pelear con alguna condición adicional, mientras que los que siguen concentrando riquezas seguirán encontrando ventajas y capacidades diferenciales que se las brindarán a sus hijos y nietos y a las que no llegarán aquellos.
Ahora bien, yendo a la opinión que continua sobre el progresismo, si mal no recuerdo quién opina es consultado por nuestro Presidente de la República en relación a la Reforma del Estado. Mérito Individual y libertad para el mercado son los conceptos duros de su posición. Reflexionemos entonces como se introduce esto en una Reforma del Estado, e imaginemos como lo compatibilizaría con la idea de la mejora social de los desprotegidos.
Pero mejor, leer detenidamente el artículo y hacer las propias reflexiones para un debate que seguramente pronto llegará.
F.S.
El Observador, 10.07.10
OPINIÓN
¿Qué es ser progresista?
Todo lo que aumenta el poder de los gobernantes y a favor de la igualación forzada es progresista
POR DANIEL M.FERRER
Progresismo” es un término simbólico. Ser “progresista” parece implicar estar dispuesto a ir hacia formas de colectivismo estatista. Todo lo que va contra la empresa privada es “progresista”. Todo lo que va en contra de lo individual a favor de la igualación forzada es “progresismo”. Todo lo que aumenta el poder de los gobernantes es “progresista”. Y por un argumento a contrario todo lo que va a favor del mercado, del reconocimiento del mérito individual, del aumento de la libertad en detrimento del poder del Estado, etcétera, es contrario al progreso. Los valores del estatismo y de la masificación son buenos; los valores del individuo y del mérito individual son malos.
Nuestra primera sensación es de admiración. ¿Cómo lograron convencer a tanta gente de que el “progreso” está en ese lado, cuando toda la evidencia muestra lo contrario? No conocemos un solo ejemplo de que un camino en ese sentido haya mejorado la situación de la gente. Los diseñadores de esta imagen publicitaria han logrado convencer a mucha gente de que el progreso está en una dirección contraria a lo que muestran todos los ejemplos. ¡Son unos genios!
Es posible, sin embargo, que el éxito de esta imagen sea más la consecuencia de errores de los contrarios que de méritos de quienes la patrocinan. La izquierda latinoamericana –donde el “progresismo” impera– se ha beneficiado de la miopía de sus oponentes, cuyo enamoramiento con las tesis economicistas del desarrollo llevaron a postergar el componente social necesario de toda tarea de gobierno. La teoría de la torta (“hay que hacer crecer la torta, porque eso beneficia a todos”) es simplemente falsa y lleva a que sus propulsores, falsa o justamente, sean vistos como socialmente insensibles o desinteresados por la condición de los más perjudicados. La izquierda logró , gracias a esta miopía, convertirse en monopolista de la sensibilidad social,
La situación latinoamericana es relativamente única. No se corresponde con lo que sucede en el resto del mundo donde, como hemos escrito más de una vez, todos los movimientos políticos democráticos combinan el respeto por las fuerzas del mercado con la convicción de que los beneficios del crecimiento deben destinarse a mejorar la condición de los más pobres. La conciencia social no es monopolio de la izquierda en ningún lado, sino el fundamento común de casi todos, sea que se autodenominen “nueva izquierda”, “tercer camino”, “socialdemócratas”, o lo que sea.
Para ser auténticos, sin embargo, no basta con copiar lo que propone la izquierda, como hemos visto hacer frecuentemente entre nosotros. Si la izquierda propone un subsidio a los menores de 2 años, propongamos uno a los menores de 4. Si propone un subsidio a las madres lactantes, propongamos otro a los padres de recién nacidos. Eso no funciona, primero, porque no diferencia y, segundo, porque sigue mostrando una superioridad intelectual de quien propone y es copiado. Hay que saber por qué se hacen las cosas. Y para eso hay que entender.
A nuestro juicio, la diferencia de esencia está en el corporativismo como concepción social. El núcleo de la izquierda está en el corporativismo. De allí su enamoramiento con el Estado –la máxima corporación– y su alianza con los sindicatos como corporaciones intermediarias entre el individuo y el Estado. La izquierda se alía con las corporaciones, y como consecuencia posterga a los individuos no integrados: a los no afiliados, a los trabajadores individuales, a los desempleados y a los que caen fuera de la estructura social. A esos está dispuesta a comprarlos con subsidios, pero no a darles prioridad, porque la prioridad son sus aliados, las corporaciones.
Llevemos esto a la práctica. La semana pasada un notorio dirigente de izquierda reconocía que la izquierda local, pese a todo lo que ha gastado, no ha logrado reducir la desigualdad social, que de hecho ha crecido, ni mejorar las posibilidades de movilidad social ascendente de los grupos más desprotegidos. Bien por un dirigente que reconoce los problemas con honestidad en lugar de taparlos con ofensas, como hacen otros. Lo que pasa, es que esa es la consecuencia necesaria de las políticas de la izquierda “progresista”, que privilegia los intereses de las corporaciones y trata de satisfacer a los desprotegidos con subsidios, no con verdadera atención.
Lo único que puede generar una mejora sustancial de la condición social de los más desprotegidos es una combinación masiva de educación y asistencia social. Asistencia social para asegurar a las familias atención de la salud y condiciones decorosas de subsistencia, mientras educan a sus hijos con excelencia para un nuevo futuro. Eso puede tardar 10 o 20 años para producir efectos, pero no hay otra solución. Simplemente, no hay otro camino. Pero ese es un camino que la izquierda no puede recorrer.
La izquierda no puede destinar los recursos que se necesitan para una asistencia social verdadera, porque antes que nada le debe adhesión a sus aliados, que se quedan con el dinero que debería destinarse a otros fines. No puede imponer la calidad en la prestación de los servicios sociales porque sus aliados corporativos se enojarían. No puede evitar la proliferación de la basura porque las corporaciones no lo permiten. No puede destinar recursos a más y mejor seguridad porque usa el dinero para mejorar los sueldos de quienes ya ganan más que cualquier privado. Y no puede dar educación de calidad a quienes más la necesitan porque sus aliados –esta vez las corporaciones de la enseñanza– también quieren el dinero para sí, pero no están dispuestas a asumir ninguna obligación a cambio.
La izquierda no puede producir un cambio social verdadero porque se lo impiden sus alianzas y opta entonces por disfrazar la realidad con subsidios que no cambian nada, pero crean cuadros de dependientes disponibles para la agitación. Ese es el modelo de la izquierda corporativa: el dinero para las corporaciones, el subsidio para los necesitados.
Para salir de la trampa “progresista” es imperioso preocuparse verdaderamente por los más necesitados. Cosa que pasa, lamentablemente, por reconocer que los intereses de las corporaciones son intereses particulares, no intereses colectivos. Las corporaciones no son “el pueblo”. Son una parte legítima, pero con intereses propios y contrapuestos a otros intereses. Y cuando los intereses de las corporaciones se contraponen con los intereses de los más desprotegidos, el verdadero progresismo es defender a los más desprotegidos. Que es, precisamente, lo que la izquierda no hace ni puede hacer. Porque no es “progresista”. Es corporativista, que es algo muy diferente.
Condiciones decorosas de subsistencia. Sacrificio de una generación o más para intentar que sus hijos o nietos gocen del beneficio de estudio para que puedan tener un nuevo futuro. Yo diría, sólo una oportunidad de pelear con alguna condición adicional, mientras que los que siguen concentrando riquezas seguirán encontrando ventajas y capacidades diferenciales que se las brindarán a sus hijos y nietos y a las que no llegarán aquellos.
Ahora bien, yendo a la opinión que continua sobre el progresismo, si mal no recuerdo quién opina es consultado por nuestro Presidente de la República en relación a la Reforma del Estado. Mérito Individual y libertad para el mercado son los conceptos duros de su posición. Reflexionemos entonces como se introduce esto en una Reforma del Estado, e imaginemos como lo compatibilizaría con la idea de la mejora social de los desprotegidos.
Pero mejor, leer detenidamente el artículo y hacer las propias reflexiones para un debate que seguramente pronto llegará.
F.S.
El Observador, 10.07.10
OPINIÓN
¿Qué es ser progresista?
Todo lo que aumenta el poder de los gobernantes y a favor de la igualación forzada es progresista
POR DANIEL M.FERRER
Progresismo” es un término simbólico. Ser “progresista” parece implicar estar dispuesto a ir hacia formas de colectivismo estatista. Todo lo que va contra la empresa privada es “progresista”. Todo lo que va en contra de lo individual a favor de la igualación forzada es “progresismo”. Todo lo que aumenta el poder de los gobernantes es “progresista”. Y por un argumento a contrario todo lo que va a favor del mercado, del reconocimiento del mérito individual, del aumento de la libertad en detrimento del poder del Estado, etcétera, es contrario al progreso. Los valores del estatismo y de la masificación son buenos; los valores del individuo y del mérito individual son malos.
Nuestra primera sensación es de admiración. ¿Cómo lograron convencer a tanta gente de que el “progreso” está en ese lado, cuando toda la evidencia muestra lo contrario? No conocemos un solo ejemplo de que un camino en ese sentido haya mejorado la situación de la gente. Los diseñadores de esta imagen publicitaria han logrado convencer a mucha gente de que el progreso está en una dirección contraria a lo que muestran todos los ejemplos. ¡Son unos genios!
Es posible, sin embargo, que el éxito de esta imagen sea más la consecuencia de errores de los contrarios que de méritos de quienes la patrocinan. La izquierda latinoamericana –donde el “progresismo” impera– se ha beneficiado de la miopía de sus oponentes, cuyo enamoramiento con las tesis economicistas del desarrollo llevaron a postergar el componente social necesario de toda tarea de gobierno. La teoría de la torta (“hay que hacer crecer la torta, porque eso beneficia a todos”) es simplemente falsa y lleva a que sus propulsores, falsa o justamente, sean vistos como socialmente insensibles o desinteresados por la condición de los más perjudicados. La izquierda logró , gracias a esta miopía, convertirse en monopolista de la sensibilidad social,
La situación latinoamericana es relativamente única. No se corresponde con lo que sucede en el resto del mundo donde, como hemos escrito más de una vez, todos los movimientos políticos democráticos combinan el respeto por las fuerzas del mercado con la convicción de que los beneficios del crecimiento deben destinarse a mejorar la condición de los más pobres. La conciencia social no es monopolio de la izquierda en ningún lado, sino el fundamento común de casi todos, sea que se autodenominen “nueva izquierda”, “tercer camino”, “socialdemócratas”, o lo que sea.
Para ser auténticos, sin embargo, no basta con copiar lo que propone la izquierda, como hemos visto hacer frecuentemente entre nosotros. Si la izquierda propone un subsidio a los menores de 2 años, propongamos uno a los menores de 4. Si propone un subsidio a las madres lactantes, propongamos otro a los padres de recién nacidos. Eso no funciona, primero, porque no diferencia y, segundo, porque sigue mostrando una superioridad intelectual de quien propone y es copiado. Hay que saber por qué se hacen las cosas. Y para eso hay que entender.
A nuestro juicio, la diferencia de esencia está en el corporativismo como concepción social. El núcleo de la izquierda está en el corporativismo. De allí su enamoramiento con el Estado –la máxima corporación– y su alianza con los sindicatos como corporaciones intermediarias entre el individuo y el Estado. La izquierda se alía con las corporaciones, y como consecuencia posterga a los individuos no integrados: a los no afiliados, a los trabajadores individuales, a los desempleados y a los que caen fuera de la estructura social. A esos está dispuesta a comprarlos con subsidios, pero no a darles prioridad, porque la prioridad son sus aliados, las corporaciones.
Llevemos esto a la práctica. La semana pasada un notorio dirigente de izquierda reconocía que la izquierda local, pese a todo lo que ha gastado, no ha logrado reducir la desigualdad social, que de hecho ha crecido, ni mejorar las posibilidades de movilidad social ascendente de los grupos más desprotegidos. Bien por un dirigente que reconoce los problemas con honestidad en lugar de taparlos con ofensas, como hacen otros. Lo que pasa, es que esa es la consecuencia necesaria de las políticas de la izquierda “progresista”, que privilegia los intereses de las corporaciones y trata de satisfacer a los desprotegidos con subsidios, no con verdadera atención.
Lo único que puede generar una mejora sustancial de la condición social de los más desprotegidos es una combinación masiva de educación y asistencia social. Asistencia social para asegurar a las familias atención de la salud y condiciones decorosas de subsistencia, mientras educan a sus hijos con excelencia para un nuevo futuro. Eso puede tardar 10 o 20 años para producir efectos, pero no hay otra solución. Simplemente, no hay otro camino. Pero ese es un camino que la izquierda no puede recorrer.
La izquierda no puede destinar los recursos que se necesitan para una asistencia social verdadera, porque antes que nada le debe adhesión a sus aliados, que se quedan con el dinero que debería destinarse a otros fines. No puede imponer la calidad en la prestación de los servicios sociales porque sus aliados corporativos se enojarían. No puede evitar la proliferación de la basura porque las corporaciones no lo permiten. No puede destinar recursos a más y mejor seguridad porque usa el dinero para mejorar los sueldos de quienes ya ganan más que cualquier privado. Y no puede dar educación de calidad a quienes más la necesitan porque sus aliados –esta vez las corporaciones de la enseñanza– también quieren el dinero para sí, pero no están dispuestas a asumir ninguna obligación a cambio.
La izquierda no puede producir un cambio social verdadero porque se lo impiden sus alianzas y opta entonces por disfrazar la realidad con subsidios que no cambian nada, pero crean cuadros de dependientes disponibles para la agitación. Ese es el modelo de la izquierda corporativa: el dinero para las corporaciones, el subsidio para los necesitados.
Para salir de la trampa “progresista” es imperioso preocuparse verdaderamente por los más necesitados. Cosa que pasa, lamentablemente, por reconocer que los intereses de las corporaciones son intereses particulares, no intereses colectivos. Las corporaciones no son “el pueblo”. Son una parte legítima, pero con intereses propios y contrapuestos a otros intereses. Y cuando los intereses de las corporaciones se contraponen con los intereses de los más desprotegidos, el verdadero progresismo es defender a los más desprotegidos. Que es, precisamente, lo que la izquierda no hace ni puede hacer. Porque no es “progresista”. Es corporativista, que es algo muy diferente.
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