En el positivo camino de impactar contra la impunidad. ¿qué otras cosas?

Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Otras causalidades
Gobierno se puso como meta aprobar ley interpretativa de la Caducidad antes del 25 de octubre.

“Nos parece un avance que la Ley de Caducidad salga del ordenamiento jurídico, pero el tema de la impunidad es mucho más grande”, afirmó en diálogo con la diaria Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, organización que en una semana tendrá una reunión con Presidencia. Para entonces espera respuestas a tres planteos: asignación de recursos a la Comisión Nacional de Seguimiento, la orden para retomar las excavaciones en el Batallón 14 y la implementación de políticas concretas para desclasificar archivos de la dictadura.

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) definió ayer un plan de trabajo, según el cual el martes se citará una sesión extraordinaria de la cámara baja para darle al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad la entrada formal al Parlamento, con el respaldo del presidente José Mujica, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Está previsto además que el 29 y el 30 de setiembre se le dé tratamiento en la Comisión de Constitución y Códigos, y que la primera semana de octubre sea aprobada por el plenario.

Para entonces ya se habrá desarrollado la audiencia única en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado, fijada el 4 de octubre, por denegación de justicia en la investigación de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman en 1976. No obstante, la resolución del presidente de la Corte IDH, Diego García Sayán, establece un plazo improrrogable hasta el 25 de octubre, para que las partes hagan las observaciones finales en alegatos escritos. La expectativa es que para esa fecha, que coincide con la del plebiscito rosado de un año atrás, la norma para dejar inaplicable la Caducidad tenga sanción definitiva.

En tanto, se conformó dentro de la bancada frenteamplista una subcomisión integrada por los diputados Carlos Coitiño (PVP), Felipe Michelini (Nuevo Espacio) y Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) para ajustar detalles en la exposición de motivos, con el objetivo de “profundizar el nivel político” de los argumentos. En la tarde de ayer, tras la reunión de bancada, los tres diputados convocaron a los coordinadores de los partidos de la oposición para informarles sobre los movimientos previstos.

Al encuentro asistió sólo el Partido Nacional, que estuvo representado por los diputados Pablo Iturralde (Alianza Nacional) y Jaime Trobo (Unidad Nacional). “No tengo comentarios. Nos dieron el texto, escuchamos y nada más”, señaló Iturralde a la diaria. El independiente Iván Posada explicó que se encontraba en la Comisión de Presupuesto, pero que el FA le hizo llegar el proyecto. En tanto, al cierre de esta edición no habían dado una respuesta en la secretaría del coordinador colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay), a la que el FA entregó una copia, según informaron a la diaria.

Que no se repita
“Aún falta para contestar cómo, cuándo, dónde y por qué”, decía la carta que Familiares escribió a Mujica el 1º de marzo. Fue la primera misiva que le tocó leer como presidente. El 27 de abril los recibió en la Torre Ejecutiva y los representantes hicieron especial hincapié en solicitar la reinstrumentación de la Comisión Nacional de Seguimiento, ya que el convenio con la Universidad de la República que la mantenía en funcionamiento venció al finalizar el mandato de Tabaré Vázquez.

El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, los volvió a convocar en junio: “Quedó en dar respuestas, pero aún no las hemos tenido”, indicó Errandonea. “Hay señales favorables pero no hay acciones concretas del gobierno”, añadió. Por eso, para la próxima semana aguardan avances en ese sentido.

Valora el envío al Parlamento del proyecto interpretativo, pero tampoco se hace “demasiada esperanza”. “La presión ha ido creciendo de todos lados; ahora, si el gobierno es más permeable a la presión internacional que a la nacional, bueno, tendrá que afrontar su decisión. Las formas no me importan, me importa que no siga existiendo esta aberración en el ordenamiento jurídico uruguayo. Queremos saber qué pasó pero queremos también que nunca más pase. Pero tampoco hay que hacerse demasiada esperanza en que cuando esta ley se borre se vaya a acabar la impunidad”, expresó a la diaria Errandonea.

Para eso, indicó, es necesario implementar otras acciones. “Continuar la búsqueda de archivos. Los del departamento de Estado en Estados Unidos. Los de Defensa. Los del Servicio Información y Defensa ni se han tocado. Los archivos microfilmados del Centro General para Oficiales de Reserva ya están sistematizados por los historiadores, están prontos para la publicación en web y no se puede hacer porque no hay autorización de Presidencia”, enumeró. Y añadió: “Tampoco ha dado la orden para entrar al Batallón 14, donde hay indicios de lo que pudo haber sido la Operación Zanahoria. Pasa el tiempo, y Familiares no tiene toda la vida. Ya llevamos 30 años buscando. Pero para esto se necesita voluntad política”.





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Política
22.9.10
Asuntos pendientes
Los debates uruguayos sobre las Fuerzas Armadas llevan mucho retraso, y uno de los motivos principales es que a la salida de la dictadura se resolvió muy mal la cuestión de las responsabilidades por el terrorismo de Estado. La Ley de Caducidad no sólo nos puso al margen del derecho internacional y contribuyó a envenenar la convivencia social; su conflictiva persistencia también postergó el encare de muchos otros asuntos relevantes relacionados con las instituciones militares.

1) Mientras permanecía pendiente una discusión democrática para definir el motivo de que tengamos Fuerzas Armadas, y el contexto de la política mundial cambiaba muchísimo (transformando en anacrónicos los discursos de la “guerra fría”), las instituciones militares uruguayas incorporaron a sus tareas, con creciente importancia, la participación en fuerzas de paz internacionales. Las consecuencias abarcan desde la introducción al país de enfermedades tropicales hasta la consolidación de una fuente de ingresos para todo uso, cuyo manejo sólo en los últimos años ha empezado a ordenarse y que dio lugar a graves irregularidades. Pero sobre todo se ha fortalecido, por “la lógica de los hechos”, una razón de ser imprevista, sustentada en una mezcla de rentabilidad, posibilidades de acumular experiencia profesional y oportunidades para establecer vínculos militares y políticos, a la cual le falta la base más indispensable: que nuestra sociedad decida si realmente quiere invertir recursos materiales y humanos para realizar esas misiones fuera de fronteras.

2) En una entrevista con Emiliano Cotelo difundida el lunes por El Espectador, el general del aire José Bonilla, futuro jefe del Estado Mayor de la Defensa, mencionó la problemática situación del sistema previsional militar. Bonilla destacó que el 60% de los beneficiarios de ese sistema recibe menos de 10 mil pesos por mes, que el 22% percibe de 10 mil a 20 mil, y que sólo 3% cobra más de 50 mil pesos mensuales. Sin restarles importancia a esos datos, ni entrar en comparaciones odiosas con las pasividades del resto de la población, uno de los números que manejó el general aviador merece suma atención: los retirados y pensionistas del sistema militar son unos 46.000. Si tenemos en cuenta que los efectivos suman alrededor de 30 mil, resulta que el país paga dos fuerzas armadas y media, y si hoy mismo se modificaran las causas estructurales de esta pesada carga (cosa que está lejos de ocurrir), su costo persistiría durante mucho tiempo.

3) El Poder Ejecutivo maneja la idea de que miles de los actuales integrantes de las Fuerzas Armadas pasen a desempeñar tareas en el Ministerio del Interior. Cabe señalar que si en la actual Policía pueden ocurrir hechos abominables como el asesinato en Piriápolis del joven Maiquel Martinho, la incorporación de un gran contingente de personas que han sido entrenadas para enfrentamientos en los que el objetivo es matar plantea una perspectiva perturbadora.

La anulación de los efectos de la ley de Caducidad es deseable por muchas causas. A las que se mencionan con mayor frecuencia hay que añadir que desembarazarnos de ese lastre puede facilitar que, de una vez por todas, afrontemos otros debates relacionados con los militares, que es insensato seguir postergando.

Marcelo Pereira