Ausencias y memoria. "La dictadura no fue una lucha entre dos demonios".
La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos anunció, en un comunicado público, su "compromiso de sumar esfuerzos" para impulsar la anulación de la Ley de Caducidad, cuya vigencia "ampara a los criminales y menoscaba la dignidad de los orientales".
La decisión "no implica" el ingreso de la organización a la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, pero se acompaña la propuesta como forma de "dar otro paso más para derrotar la impunidad de los criminales; para favorecer el camino de la verdad y la justicia", expresa el comunicado.
"Sabemos que hay muchas personas que tienen dudas sobre la conveniencia de este referéndum. Son dudas del pasado. Ahora sólo podemos optar por anular la Ley. Nada puede traer peores consecuencias a la causa de los derechos humanos, a la dignidad de nuestro pueblo y de nuestro país, que se ratifique por segunda vez la infame ley de impunidad", dice la organización.
"¿Puede, una persona consciente, sensible, conocedora de la realidad del siglo XX con sus horrores pero también sus avances en relación a los derechos y deberes de las personas pensar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, votada entre gallos y medianoche en 1986 bajo la prepotencia amenazante de los militares contribuiría a devolverle a nuestra sociedad dignidad y paz?", se pregunta.
"Sinceramente creemos que no, que ese mamarracho jurídico destinado a legalizar la impunidad de corruptos, torturadores y asesinos de la dictadura, encubierta por un apenas inteligible nombre, era sólo una aberración y una inmoralidad", destaca Madres y Familiares.
Historia de impunidad
El comunicado divulgado por Madres y Familiares detalla el proceso de recolección de firmas impulsado en los años 80 (voto verde) por la Comisión Nacional Pro Referéndum, el cual, "bajo un clima adverso" y sin la posibilidad de publicitar en los medios de prensa, alcanzó el objetivo.
"Perdimos por 42% a 55%", por lo cual, como era el compromiso se disolvió la Comisión y se aceptó el resultado, pero desde "aquel ya lejano 16 de abril de 1989 dijimos: la ley ratifica la impunidad a los criminales, pero seguiremos buscando la verdad, es nuestro derecho y nuestro deber para con las víctimas y con el mañana", recuerda.
"Estamos comprometidos con la verdad, con la justicia (que incluye la sanción social e internacional y descarta la venganza), con la memoria, con la prevención de los crímenes de lesa humanidad, con la condena al terrorismo de Estado, con la vigencia de la libertad y el Estado de Derecho. Fue el atropello a estas cosas lo que hizo posible la desaparición forzada de nuestros familiares y destrozó vidas, familias y sociedades", expresa la organización.
"La dictadura no fue una lucha entre dos demonios. Fue arrebatarle al pueblo su libertad para robarle su destino. Sus consecuencias aún las estamos pagando como país y como pueblo, aunque muchos lo ignoren, otros no lo sientan y otros se desentiendan".
Madres y Familiares recuerda que en 2007, cuando "un grupo de ciudadanos" planteó realizar un nuevo referéndum, "no hubo acuerdo" en la organización "sobre cuál era el camino a seguir" y, por tanto, "no nos integramos a esa campaña" y se otorgó "libertad" a los integrantes de participar.
Sin embargo, "la discrepancia estaba en el camino a seguir en la lucha contra la impunidad; no estaba ni está en que la Ley de Caducidad es nula, aberrante e inmoral", por lo cual ahora se acompaña el voto por el SI para el 25 de octubre.
La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos anunció, en un comunicado público, su "compromiso de sumar esfuerzos" para impulsar la anulación de la Ley de Caducidad, cuya vigencia "ampara a los criminales y menoscaba la dignidad de los orientales".
La decisión "no implica" el ingreso de la organización a la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, pero se acompaña la propuesta como forma de "dar otro paso más para derrotar la impunidad de los criminales; para favorecer el camino de la verdad y la justicia", expresa el comunicado.
"Sabemos que hay muchas personas que tienen dudas sobre la conveniencia de este referéndum. Son dudas del pasado. Ahora sólo podemos optar por anular la Ley. Nada puede traer peores consecuencias a la causa de los derechos humanos, a la dignidad de nuestro pueblo y de nuestro país, que se ratifique por segunda vez la infame ley de impunidad", dice la organización.
"¿Puede, una persona consciente, sensible, conocedora de la realidad del siglo XX con sus horrores pero también sus avances en relación a los derechos y deberes de las personas pensar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, votada entre gallos y medianoche en 1986 bajo la prepotencia amenazante de los militares contribuiría a devolverle a nuestra sociedad dignidad y paz?", se pregunta.
"Sinceramente creemos que no, que ese mamarracho jurídico destinado a legalizar la impunidad de corruptos, torturadores y asesinos de la dictadura, encubierta por un apenas inteligible nombre, era sólo una aberración y una inmoralidad", destaca Madres y Familiares.
Historia de impunidad
El comunicado divulgado por Madres y Familiares detalla el proceso de recolección de firmas impulsado en los años 80 (voto verde) por la Comisión Nacional Pro Referéndum, el cual, "bajo un clima adverso" y sin la posibilidad de publicitar en los medios de prensa, alcanzó el objetivo.
"Perdimos por 42% a 55%", por lo cual, como era el compromiso se disolvió la Comisión y se aceptó el resultado, pero desde "aquel ya lejano 16 de abril de 1989 dijimos: la ley ratifica la impunidad a los criminales, pero seguiremos buscando la verdad, es nuestro derecho y nuestro deber para con las víctimas y con el mañana", recuerda.
"Estamos comprometidos con la verdad, con la justicia (que incluye la sanción social e internacional y descarta la venganza), con la memoria, con la prevención de los crímenes de lesa humanidad, con la condena al terrorismo de Estado, con la vigencia de la libertad y el Estado de Derecho. Fue el atropello a estas cosas lo que hizo posible la desaparición forzada de nuestros familiares y destrozó vidas, familias y sociedades", expresa la organización.
"La dictadura no fue una lucha entre dos demonios. Fue arrebatarle al pueblo su libertad para robarle su destino. Sus consecuencias aún las estamos pagando como país y como pueblo, aunque muchos lo ignoren, otros no lo sientan y otros se desentiendan".
Madres y Familiares recuerda que en 2007, cuando "un grupo de ciudadanos" planteó realizar un nuevo referéndum, "no hubo acuerdo" en la organización "sobre cuál era el camino a seguir" y, por tanto, "no nos integramos a esa campaña" y se otorgó "libertad" a los integrantes de participar.
Sin embargo, "la discrepancia estaba en el camino a seguir en la lucha contra la impunidad; no estaba ni está en que la Ley de Caducidad es nula, aberrante e inmoral", por lo cual ahora se acompaña el voto por el SI para el 25 de octubre.
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