miércoles, 17 de marzo de 2010
No a hacer la vista gorda. Si a resolver los conflictos.
lunes, 15 de marzo de 2010
Difundirlo es sembrar Memoria
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE URUGUAYOS EN ARGENTINA
Queremos dejar constancia que como COMISIÓN DE DDHH DE URUGUAYOS EN LA ARGENTINA no podemos dejar pasar los trascendidos o comentarios acerca de la intención del Presidente de la República José Mujica Cordano, de perdonar, liberar -o cualquier otro sinónimo que quieran usar- a los asesinos del pueblo.
Hace mucho que venimos luchando al igual que otros compañeros por Anular la Ley de Impunidad y aunque aún no lo hemos logrado seguiremos en ese camino hasta que finalmente todos los responsables de matar, secuestrar, torturar, desaparecer, robar bebes e identidades y mandar al exilio a tantos compatriotas se pudran en la cárcel. Como corresponde a quienes han cometido los peores delitos contra la humanidad.
Contestando a las declaraciones de Mujica que esto sería venganza, decimos que no, solamente JUSTICIA.
Largamente las organizaciones de Derechos Humanos hemos demostrado que nunca se ha intentado tomar justicia por mano propia, siempre se ha recurrido a la Justicia en su Poder Judicial para esclarecer los hechos, aportando desde nosotros todos los elementos en nuestro poder. No encontrando del lado de los genocidas ni el más mínimo arrepentimiento ni aporte a la verdad, confesando dónde están siquiera los cuerpos de los desaparecidos o los hijos apropiados y privados de su identidad. La gran mayoría de las veces se expresaron justificando la tortura y las desapariciones, declarando su convicción de que si volviera a suceder harían exactamente lo mismo
Queremos expresar a la comunidad que estamos totalmente en contra de las declaraciones de Mujica, antes y ahora, acerca del tema de los derechos humanos, porque su opinión personal es sólo eso y no representa a la mayoría del pueblo uruguayo. Consideramos entonces muy presuntuoso pretender hablar en el nombre de todos los uruguayos.
Es por ello que no aceptamos sus dichos y advertimos a todos aquellos que estén dispuestos a cerrar, silenciar o clausurar esta etapa tan dolorosa en nuestra historia como país que estamos dispuestos a seguir adelante por la verdad pero sobre todo por el enjuiciamiento a los responsables del aniquilamiento de toda una generación y no pararemos hasta conseguirlo.
Queremos ser voz de los que no han podido gritar ni expresarse pues ya no están, están desaparecidos por esos genocidas que hoy se beneficiarían con la libertad por ser “ancianos”; como si eso significara que dejaran de ser asesinos.
Pretendemos que las futuras generaciones puedan mirar hacia el futuro con la frente en alto sabiendo que existe la Justicia, que nuestro país no será aislado de la comunidad internacional por ser violador de los Derechos Humanos.
Es por eso que llamamos a los uruguayos y a todos los ciudadanos que sientan esta afrenta hacia valores fundamentales y fundantes de nuestras sociedades, como lo son la VERDAD y la JUSTICIA a expresar su repudio a nuestro correo, verdadyjusticia2005@yahoo.com, o por cualquier medio que tengan a su alcance, a fin de hacerlo llegar a nuestro país.
Marcia Rodríguez Ana María Parnás Angel Graña
Marta Suárez Mirta Rocha
domingo, 14 de marzo de 2010
Tiempo de Reflexión
UN DÍA EN EL RECUERDO
A 25 AÑOS
Difundirlo es sembrar Memoria
El próximo día, 14 de marzo de este año 2010, se conmemora la fecha de liberación de los últimos presos políticos del país. Día que quedó marcado en los anales de la historia uruguaya.
El umbral de una nueva era, daba paso a la alegría, y a la esperanza. En el año 1985 las calles montevideanas, fueron invadidas por movilizaciones multitudinarias, llenas de coloridos carteles de bienvenidas, tanto a los que regresaban al país luego de un larguísimo exilio, como a los últimos prisioneros políticos.
Se dejaban atrás los años de oscuridad, de oprobio donde, la oligarquía y militares encaramados en el poder habían llevado adelante los destinos del país.
Luego, de pasada la euforia de los primeros meses, una parte de la sociedad fue descorriendo el velo que ocultó el horror de lo vivido. Ya tomaban fuerza los testimonios directos de las prisioneras/os. Y las madres y familiares de lo secuestrados y desaparecidos confirmaban lo que temían desde tiempo atrás; que sus hijos no estaban presos, ni en algún centro clandestino que podría abrir sus puertas, terminada la dictadura.
Las denuncias que durante años se habían realizado, en campañas internacionales y escritos en muros de la ciudad, era la triste realidad, con la cual nos obligaron a convivir.
Han pasado veinticinco años, de aquel momento.
Es tiempo de reflexión:
Las huellas de la represión desatada contra el pueblo uruguayo dejaron sus secuelas.
Casi 200 personas desaparecidas, que aún seguimos buscando, 116 uruguayos/as asesinados en diferentes circunstancias, la mayoría por torturas.
Niños que estuvieron presos con sus madres, niños que habían sido secuestrados y tomados como botín de guerra y cambiada sus identidades por años. Sus padres asesinados y sus verdugos usurpando sus lugares. Cuerpos lacerados por las marcas que se trasforman en estadísticas de bajo promedio de vida, la locura o el suicidio como forma de escape, hijos que no nacieron, hijos que recibieron las descargas de la picana en el vientre de sus madres, mujeres y hombres que fueron violados en las noches de los cuarteles.
A casi un millón de personas parece que les importan estos saberes.
Así lo han demostrado en el último referéndum perdido por segunda vez.
¿Y a los otros? A los que no lo votaron, ¿qué les pasó?
Algunos se olvidaron parece ser, ya no les importa nada, se creen que eso pasó y que nunca más pasará. Otros son los cómplices que avalan lo hecho. ¿Y los nuestros?
El Estado uruguayo sigue siendo responsable aunque cambie la conducción política.
El 1 de marzo de este año, asumió al gobierno un ex detenido en tiempos pre-dictadura y luego cuando se entronizaron los golpistas al poder lo convirtieron en rehén entre otros, pasando largos años de prisión; entre otros.
Sus mensajes previos a su asunción como Presidente, sobre el tema de los genocidas militares y civiles nos han dejado a más de uno atónitos, cuando se ha referido a "los pobres viejitos presos".
Es de suma importancia "tener los ojos en la nuca", así no olvido que hubo atrás mío.
Y atrás mío, como de miles de uruguayos; hubo muertes, torturas y desapariciones de personas.
Hubo una doctrina que se metió en el entramado social y nos cambió las costumbres, la vida, la educación y la economía del país. Condenó a generaciones enteras a pagar un deuda externa que los gorilas rampantes en el poder la quintuplicaron en su proceso restaurador.
La lucha por los Derechos Humanos, fue punto de partida, para cuantificar los daños.
La búsqueda por verdad y justicia; un derecho y un mojón para dejar a las nuevas generaciones.
Sembrar la memoria; un compromiso ético.
Pero la pregunta que surge de todos estos anuncios o declaraciones desde el flamante gobierno, nos dejan el derecho y el deber de saber
¿a dónde nos quieren conducir nuestros destinos como sociedad en este tema crucial? ¿Un nuevo "Salsipuedes" con la generación que dio todo a cambio de nada?
Las cárceles comunes están abarrotadas de seres de todo tipo, y por otro lado están, algunos militares no todos, que sometieron al país y a su gente, a casi doce años de dictadura nunca vivida en estas tierras uruguayas.
Para eso les crearon -cárceles especiales- porque -son especiales-. Asesinos seriales la mayoría de ellos.
Un beneficio de ley que se rumorea que podría votarse para los presos de 70 años, hace pensar y por esa razón el estado de alerta en todas las Organizaciones de Derechos Humanos de acá y el exterior; que dicha ley de concretarse, sume a estos genocidas.
Si esto que por ahora se llama rumor se llegase a concretar tiempos muy oscuros nuevamente nos esperan a los uruguayos.
Es tiempo de templar los tambores al fuego, como lo hicieron los ancestros para lograr una llamada general de anuncio de la mala nueva.
MARTHA PASSEGGI- REPORTERA GRÁFICA
Imprescindibles, impresentables
Lo dijo el presidente José Mujica: las Fuerzas Armadas “son imprescindibles”. Por eso debe de creer que son un buen negocio: el año pasado, por ejemplo, costaron algo más de 350 millones de dólares. O sea que la defensa nacional se devoró casi un millón por día, la suma que se calcula necesaria para construir un liceo.
Demasiado para una nación que declaró su última guerra internacional en 1945, cuando los enemigos, Alemania y Japón, ya habían sido aplastados. Demasiado para una empresa pública que tiene a la mayoría de sus 30.000 funcionarios buena parte de sus jornadas pintando árboles, haciendo ejercicio, desfilando y preparándose para batallas que nunca terminan de comenzar. Demasiado para un país cuya hipótesis de conflicto más próxima lo enfrenta con un puñado de argentinos armados de reposeras. Demasiado para una institución que agredió a inocentes hace bien poco y que todavía defiende a los autores de esos crímenes.
Demasiado. Las Fuerzas Armadas podrían emplear mucho menos personal, pagándole mejor y reduciendo bastante el gasto, para cubrir las pocas tareas útiles a su cargo, como vigilar las fronteras y el espacio aéreo y marítimo, construir la paz en países asolados por la guerra y asistir a los afectados por esporádicas catástrofes. Pero hasta se dan el lujo de usar dinero de todos los uruguayos para defender a los oficiales extraditados a Chile por el caso Berríos.
El presidente Mujica les declaró la guerra a los empleados del Estado que toman mate en horario de trabajo. Al mismo tiempo, considera imprescindibles a miles de funcionarios a quienes, por estar acuartelados y a disposición de sus superiores, se les brinda varias comidas diarias. Los malos burócratas, por lo menos, se pagan los bizcochos de su propio bolsillo.
El presidente Mujica se queja porque hay muchos abogados y pocos ingenieros, agrónomos y veterinarios. Al mismo tiempo, declara imprescindible el adiestramiento de cadetes a quienes se les paga un sueldo (modesto, pero sueldo al fin) sólo por estudiar. Los universitarios, en cambio, invierten mucho en su preparación y todavía los amenazan con el cobro de una matrícula. El presidente Mujica piensa que él y el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, “conocen las entrañas de las Fuerzas Armadas”. Lo dice porque los tupamaros que estuvieron presos, como ellos, sufrieron tratos inhumanos en los cuarteles. Los represores, muchos de ellos aún vivos y libres, también conocen entrañas, pero anatómicas y dolientes, de guerrilleros y de pacíficos activistas políticos y sociales a los que asesinaron y torturaron.
El presidente Mujica, al imponer en el ministerio a Rosadilla, dijo: “No somos aficionados”. Quiso decir: los ex combatientes tupamaros eran y son militares profesionales, porque tomaron las armas en nombre de ese valor multitarget al que se da en llamar “patria”. La tesis, hija de la teoría de los dos demonios, se aplicó en cenas de camaradería entre miembros del MLN y de la ilegal logia Tenientes de Artigas celebradas en democracia.
El presidente Mujica exhortó a evitar el “ejercicio de saldar cuentas cuando hay que construir”. Poco se puede construir con una institución tan desleal hacia la ciudadanía y los gobiernos democráticos. Encerró en una caja fuerte las citaciones judiciales a militares en la presidencia de Julio Sanguinetti, se insubordinó ante el secuestro del chileno Eugenio Berríos en la de Luis Lacalle, engañó a la Comisión para la Paz creada por la de Jorge Batlle y siguió mintiéndoles a las autoridades en la de Tabaré Vázquez.
Dirigentes de todos los partidos les deparan un inusual respeto a profesionales de la muerte que no son necesarios (o al menos no a tal escala) en un mundo que debería avanzar hacia la paz. Gastar en su mantenimiento les resta recursos a la producción, a la educación, a la salud, a la seguridad ciudadana, al desarrollo social.
Mientras, las Fuerzas Armadas se rehúsan a pedir perdón a la sociedad por crímenes gravísimos a los que les restan importancia, cometidos por sus miembros, utilizando su infraestructura y amparados en la institución que había usurpado los poderes del Estado. El recambio generacional de los últimos 25 años no ha sido suficiente. Los soldados más jóvenes han recibido educación impartida por criminales, que serán algunos cientos o unos pocos miles pero sumergen a 30.000 en un denso pantano de sospechas. Nomás la semana pasada, un oficial en actividad, el general Miguel Dalmao, se burló de la justicia al mentir ante un tribunal.
Perdón, Brecht, pero para ser imprescindible no basta con luchar toda la vida. Es preciso elegir buenas causas, como la verdad y la justicia. Difícil que estas Fuerzas Armadas lo hagan sin un decidido empujón del comandante en jefe.
Marcelo Jelen
Recibido de Lewis Rostan
Estos días son de emociones muy fuertes
Son de festejos por el reencuentro con viejos amigos y también de recuerdos para aquellos que no están
El sentimiento de venganza y de odio permanente hace que los actores de la desaparición de personas mantengan oculto el destino de los compañeros desaparecidos
Son tantas las referencias al sentido del honor y de obediencia que hacen los oficiales de las FFAA que Tabare apelo por esa vía a tener datos sobre la desaparición de los compañeros
Nunca descartamos ningún camino por inverosímil que pareciera pero este parece agotarse
Tampoco nos gustan las posiciones agoreras o nihilistas de algunos compañeros que solo resaltan lo que les parece negativo y no hacen nada para transformar esa realidad
Necesitamos la participacion activa de todos para lograr la búsqueda de la verdad y la aplicacion de la justicia
Hay que lograr que se apliquen las leyes de acceso a la información aprobadas en los últimos años.La falta de reglamentacion de las mismas nunca es motivo legal para no aplicarlas
En el año 1982 el ministerio de Defensa Nacional microfilmo todos los archivos de inteligencia del Ministerio del Interior y todos los legajos de los municionaríais de todas las reparticiones publicas.
Hay documentacion relevante en todas las dependencias y a 25 años del retorno de la democracia y de la liberación de todos los presos políticos no se puede argumentar que es apresurado abrir los archivos YA
Todos los compañeros que estuvieron detenidos y los familiares de asesinados y desaparecidos tienen el derecho de recibir los datos personales que tienen nuestras autoridades
Les adjunto la carta enviada al entonces ministro Bayardi y parte del documento de mas de 100 paginas con mis datos personales que me entrego
Estos datos son de rutina y todos tienen un expediente similar
El compañero Bayardi fue un excelente y activo legislador en defensa de los DDHH y me alegro que vuelva al sitio donde tuvo actuación destacadaHoy tenemos un nuevo gobierno de izquierda y compañeros al frente que conocen el tema y saben que los mandos de las FFAA le mintieron al propio presidente Vazquez
Confiamos que van a estar a la altura de la esperanza y del entusiasmo que han despertado en la gran mayoria del pueblo uruguayo
Lewis
Desaparecidos. La lucha continua.!
José Mujica enfrenta polémica por desaparecidos
José Mujica afirmó que continuará con la búsqueda de restos desaparecidos sólo si hay un pedido específico o surgen nuevos datos. Varios familiares de desaparecidos, que se mostraron desilusionados con el presidente. "¿Cómo Mujica no tiene sensibilidad para nosotros, pero sí la tiene para quien cometió los delitos?", afirman.
La postura de José Mujica en torno a la búsqueda de restos de desaparecidos era una de las grandes interrogantes de la nueva gestión, sobre todo teniendo en cuenta lo hecho pro la administración de Tabaré Vázquez en sus primeros meses de mandato. Ayer, Mujica declaró al diario Últimas Noticias (que lo captó in fraganti almorzando en La Casa del Whisky, prácticamente sin custodia) que la búsqueda continuará en su gestión "si hay un pedido expreso o surgen nuevos hechos". El mandatario no descartó que se siga investigando, pero ciertamente no mostró una actitud proactiva hacia los hechos, cómo sí lo hizo Vázquez al momento de asumir hace ya cinco años.A pocos días de la asunción de José Mujica, hay descontento y desazón entre los familiares de detenidos-desparecidos, porque el presidente omitió referirse a ellos y a las violaciones de los Derechos Humanos durante sus primeros discursos. Montevideo Portal dialogó con miembros de la organización de Familiares, que coincidieron en señalar que "esperaban más atención".El tema de las violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura no fue central en la campaña que llevó a José Mujica a la presidencia, pese a que el partido de gobierno apoyó el voto por la anulación de la Ley de Caducidad. El propio José Mujica manifestó, siendo aún precandidato, que no estaba de acuerdo con tener "viejos presos", aunque firmó para anular la Ley.El 1º de marzo, como es habitual, los Familiares de Desaparecidos se hicieron presentes en la Avenida del Libertador, con su reclamo de Verdad y Justicia. Montevideo Portal conversó con integrantes de la Asociación de Familiares, que se expresaron entre descontentos y decepcionados por la omisión de su lucha en los primeros discursos del presidente.Jacqueline Barrios, hija del desaparecido Washington Barrios, dijo que, aunque la invitaron prefirió no ir al acto de asunción de José Mujica porque simplemente "no espero demasiado de él porque entiende que rever el asunto es entrar en temas de odio, y nosotros no compartimos ese pensamiento".Quien sí asistió fue María Bellizzi, madre de Andrés Bellizzi, que aseguró que asistió al acto de Mujica para marcar presencia y decir que este tema está pendiente: "No solamente no paró (donde se encontraban los Familiares, en la puerta del Instituto de Profesores Artigas), sino que pasó de espaldas".Olga Ramos, madre de Ileana García de Ramos, dijo que, en su opinión, esperaba "un poco mas de atención. Que hubiera repensado las cosas, es muy duro tener una hija de 23 años y un yerno de 25, que los desaparezcan que y no tengamos derecho ni a pedir. No es un pedido de venganza, lo hacemos siempre por la ley".Ramos agregó que "hace 32 años que lloramos todos los días. Yo no pretendo que los torturen. Hay formas de decir la verdad, pero ellos tienen los medios, nosotros no. ¿Quien puede resignarse a no buscar la verdad sobre lo que pasó con su hijo?".Sobre la gestión de Tabaré Vázquez, Ramos dijo que "no quedó conforme", aunque concedió que "por lo menos hizo algo", en referencia a la búsqueda de restos en los cuarteles y al procesamiento de los responsables de violaciones a los Derechos Humanos. "Nosotros mientras tengamos algo de vida vamos a seguir luchando, luego seguirá mi nieta y mi nieto. Esto de la desaparición forzada no termina nunca. Yo pienso que Mujica algo tiene que hacer".Ramos dijo que "se decepcionó" con el discurso que Mujica realizó en la Plaza Independencia. "Lloré parada escuchando. Vino un amigo de Buenos Aires y también quedó asombrado. Estamos muy tristes, estamos muy dolidos este es un nuevo golpe que no podemos asumir. ¿Cómo Mujica no tiene sensibilidad para nosotros, porque sí la tiene para quien cometió los delitos? ¿Ahora porque sean viejos no le podemos exigir que nos digan la verdad, y saber? ¿Los está protegiendo, y por que no protege a nosotros que somos las víctimas?", concluyó.
Montevideo Portal
sábado, 13 de marzo de 2010
Ley de caducidad
FISCAL. PRESENTÓ DOS EXCEPCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN DOS CAUSAS ANEXAS SOBRE BORDABERRY
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) deberá pronunciarse ante dos nuevas excepciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad. Una fiscal penal solicitó excluir dos expedientes anexos a una causa contra Juan María Bordaberry.
Mauricio Pérez
SCJ. Acción contra la Ley de Caducidad llegó al órgano máximo del Poder Judicial.
SCJ. Acción contra la Ley de Caducidad llegó al órgano máximo del Poder Judicial.
La fiscal Ana María Tellechea interpuso dos nuevas excepciones de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, en procura de poder juzgar a los responsables militares de 24 homicidios cometidos durante el período de Juan María Bordaberry al frente de la dictadura cívico-militar.
La representante del Ministerio Público presentó los recursos ante el máximo órgano del Poder Judicial accionando contra los artículos 1º, 3º y 4º de la norma, por violentar diversas disposiciones de la Constitución de la República, entre ellas, el principio de separación de poderes y la vulneración del derecho de las víctimas de acceder al sistema judicial para investigar los hechos ocurridos con sus familiares y castigar a los culpables.
Los accionamientos interpuestos comprenden dos causas anexas al expediente por el cual recientemente fue condenado el ex dictador Bordaberry por "Atentado a la Constitución", dos "homicidios políticos" y nueve "desapariciones forzadas".
En este sentido, el primer recurso refiere a la causa caratulada "GarcÍa Hernández, Amaral y otros" Ficha 173-318/2006, por el cual se indaga el fusilamiento en la localidad de Soca de cinco militantes del MLN-T, trasladados en forma clandestina hacia Uruguay desde la República Argentina, en diciembre de 1974; mientras el segundo comprende la causa caratulada "Organizaciones de Derechos Humanos" Ficha 2-21986/2006, por la cual se indagan 20 homicidios perpetrados entre 1973 y 1976.
"La indagatoria que hasta el presente se ha realizado nos lleva a la conclusión de que eventualmente existirían sujetos implicados en los hechos que no se encuentran comprendidos en la ley a los que, de estimarse probada la comisión de los delitos, podrían atribuírseles las responsabilidades penales (solamente nos referimos a los sujetos civiles)", expresa la fiscal en ambos escritos a los cuales accedió LA REPUBLICA.
"Sin embargo, atento a lo establecido en la Ley Nº 15.848 nos veríamos imposibilitados de proseguir las actuaciones contra los funcionarios militares y/o policiales, equiparados o asimilados, aunque se pruebe la responsabilidad penal de ellos". Ante esto, la fiscal Tellechea resolvió accionar contra la norma.
INCONSTITUCIONAL
Los escritos interpuestos por la Fiscalía recogen varios argumentos esgrimidos contra la legalidad de la norma, entre ellos, algunos utilizados por la propia SCJ en la sentencia Nº 365, del 19 de octubre de 2009, por la cual se declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para el caso de la muerte de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray. Además, utilizan argumentos de la fiscal Mirtha Guianze, de los ex ministros de la SCJ, Nelson García Otero y Jacinta Balbella, y del ex ministro de Defensa Gonzalo Fernández, entre otros.
En este sentido, la representante del Ministerio Público cuestionó el argumento de la "lógica de los hechos" utilizado para impulsar la aprobación de la norma en 1986.
"Ningún acuerdo político ni la denominada 'lógica de los hechos' pueden ser el marco jurídico en el que se ampare una ley que es absolutamente contraria a los principios fundamentales que constituyen el marco de legalidad de nuestra organización democrática, y deliberadamente viola las normas constitucionales que permiten otorgar indultos o acordar amnistías", dice Tellechea.
Los escritos recuerdan, en este sentido, que durante la discusión parlamentaria sobre la Ley de Caducidad legisladores de todos los partidos políticos "manifestaron sentirse presionados por las Fuerzas Armadas", al mismo tiempo que los propios legisladores destacaron "que no se trataba de una amnistía ni de un indulto por cuanto no se habían cumplido los requisitos constitucionales ni legales para su sanción".
SEPARACIÓN DE PODERES
Los escritos interpuestos por la Fiscalía cuestionan, además, que los artículos 3º y 4º de la Ley de Caducidad violan el principio de separación de poderes, al conferir potestades al Poder Ejecutivo "cuya naturaleza es evidentemente resorte exclusivo del Poder Judicial".
"La ley introduce una situación especial en la que el Poder Ejecutivo puede truncar el inicio de un procedimiento penal decidiendo por sí y ante sí, determinando que un grupo de personas resultan inmunes frente a la jurisdicción penal, teniendo en cuenta el cargo que ostentaban cuando supuestamente cometieron los delitos denunciados a la justicia penal, lo cual violenta la Carta Magna", expresa la fiscal.
Además, Tellechea consideró "histórico, por lo largamente esperado", el último fallo de la SCJ por reconocer "la introducción al derecho positivo interno (de) las normas con el rango dej""jus cogens" a través de lo establecido por el Art. 72 de la Carta Magna", mediante el cual se incorporan al ordenamiento jurídico uruguayo los pactos sobre derechos inherentes a la dignidad humana aprobados por la comunidad internacional.
Asimismo, la representante del Ministerio Público expresó, al igual que lo hizo la SCJ en su último fallo, que "ninguno" de los dos pronunciamientos populares a los cuales la ley fue sometida pueden validar u otorgar valor a una norma que colida con el ordenamiento jurídico "desde su formación".
"El ejercicio directo de la soberanía popular por la vía del referendum derogatorio de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo sólo tiene el referido alcance eventualmente abrogatorio, pero el rechazo de la derogación por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de otorgar una cobertura de constitucionalidad a una norma legal viciada ab origine por transgredir normas o principios sagrados o reconocidos por la Carta", dijo la Corte, en argumento al que adhiere la fiscal.
Las excepciones de inconstitucionalidad interpuestas por la fiscal Tellechea implican que la SCJ deba pronunciarse nuevamente sobre la legalidad de la norma, en momentos en que la Corte Interamericana de DDHH comienza a analizar su validez jurídica.
Recientemente, el máximo órgano jurisdiccional de la OEA recibió la denuncia de la Comisión Interamericana de DDHH por el caso de María Claudia García de Gelman, en la cual se reclama ordenar al Estado uruguayo "dejar sin efecto" la Ley Nº 15.848.